Madrid, 31 oct (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió hoy la declaración de independencia de Cataluña aprobada el pasado viernes por el Parlamento de esa región autónoma.
El TC decidió la suspensión al aceptar tramitar un recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo español, que advierte de los «evidentes efectos jurídicos y vinculantes» de esa declaración secesionista.
El Tribunal tendrá ahora un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.
Además, el TC advirtió a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa (el órgano de dirección de la cámara regional) de que pueden incurrir en responsabilidades penales si no acatan la suspensión.
En particular, se les advierte de que deben abstenerse «de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación que permita otorgar valor jurídico alguno a la declaración de independencia».
La Mesa permitió que el Parlamento regional debatiese y votase el viernes pasado sendas resoluciones para declarar un «Estado independiente en forma de república» e iniciar un proceso constituyente en Cataluña.
El Ejecutivo español reclamó al TC que las anulara urgentemente al considerar que «son capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos», en lo que considera el «atentado más grave contra el orden constitucional».
El Gobierno argumenta que el Parlamento catalán «se arroga un poder» -proclamar una república en nombre del pueblo catalán- del que «indudablemente carece». Además, esto supone «confiscar, sin ningún reparo, competencias estatales».
A su vez, el Tribunal Supremo español decidió hoy investigar a Forcadell y el resto de la Mesa, tras ser acusados por la Fiscalía de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista.
El viernes pasado, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ordenó el cese del presidente independentista catalán Carles Puigdemont y todo su equipo de gobierno, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre amparado en la Constitución.
La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara declarar la independencia. EFE
Puigdemont huye a Bruselas
Bruselas, 31 oct (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no aclaró hoy en una comparecencia ante la prensa en Bruselas cuál será su futuro inmediato, pero precisó que no busca asilo político y que regresaría a España si obtuviera «garantías» de un «juicio justo».
«Estamos aquí en perfecta legalidad y sin incumplir nada, por tanto no nos hemos tenido que esconder de nada», dijo Puigdemont, quien agregó que no sabe cuánto tiempo pasará en Bélgica, ya que «depende de las circunstancias».
El político catalán, cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, está imputado en España por rebelión, sedición, malversación y otros delitos, junto a todos los integrantes del destituido Gobierno catalán.
Puigdemont, que llegó a Bruselas ayer, lunes, denunció la «politización de la Justicia» española, aseguró que hay «ausencia de imparcialidad» y dijo que regresará a España «rápidamente» si obtiene «garantías» de un proceso justo en los tribunales.
«Si hay garantías inmediatas y trato justo, si se me garantiza un juicio justo con separación de poderes en España, lo que se debe esperar de un país europeo. Si es así, volveremos rápidamente», dijo el expresidente.
Agregó que se siente «más tranquilo» y con mayor seguridad en Bruselas que en territorio español, y subrayó que tanto él como los cinco exconsejeros que le acompañan en su viaje pueden «garantizar una parte de sus derechos y cumplir con sus obligaciones».
En la misma comparecencia, en la que no se le permitió hacer preguntas a la prensa española no catalana, Puigdemont añadió que no está en Bélgica como país, sino que está Bruselas como «capital» de la Unión Europea.
«Nunca abandonaremos el Gobierno y vamos a seguir trabajando», dijo en una comparecencia en la que se expresó en español, francés, inglés y catalán.
El político del PDeCat destacó que el Gobierno catalán en los últimos días ha decidido dar prioridad a la «seguridad, la prudencia y la moderación» ante la «ofensiva altamente agresiva y sin precedente contra el pueblo de Cataluña».
Agregó que acepta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sus resultados, y preguntó al Gobierno central si también aceptará los «resultados mayoritarios de las fuerzas independentistas», en caso de que ese fuera el resultado electoral.
«Vamos a defender la idea de la demanda política y del proyecto» a partir «de una posición política y no jurídica», añadió Puigdemont, quien insistió en que su intención no es «escapar de la justicia» porque su responsabilidad es «política». EFE