CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Congreso de México aprobó el viernes una iniciativa de ley que brinda un marco jurídico a las fuerzas armadas para que actúen como policías, a pesar de las objeciones unánimes de grupos de derechos humanos.
La llamada Ley de Seguridad Interior será enviada al presidente Enrique Peña Nieto para que la promulgue, luego de que el Senado hizo cambios para calmar las inquietudes de que la milicia podría ser usada para reprimir protestas, o de que las autoridades locales no se sentirían presionadas para mejorar sus fuerzas policiales.
La nueva ley faculta al presidente para emitir decretos que autoricen el despliegue de fuerzas militares durante un año en los estados donde existan “amenazas a la seguridad nacional” y la policía carezca de capacidad para enfrentar hechos de violencia.
Pero el presidente también podría alargar los despliegues de manera ilimitada, lo que permitirá a los efectivos militares convertirse en una presencia permanente, como prácticamente ha ocurrido en el estado norteño de Tamaulipas, donde han estado destacados por más de una década.
Sin embargo, los grupos de derechos humanos en México y el extranjero criticaron de inmediato la iniciativa, por permitir la renovación indefinida de los despliegues militares y por facilitar que los gobiernos locales no tengan necesidad de adiestrar y reclutar a policías competentes y honrados.
Dijeron que el proyecto de ley fue aprobado en el Congreso sin debates y que no garantiza en forma suficiente que los soldados respetarán los derechos humanos de sospechosos, detenidos o la población en general.
“Yo no quiero que mis hijos crezcan en un país militarizado”, dijo el actor Diego Luna durante una protesta frente al Senado efectuada esta semana.
Después que la ley fue aprobada en el Senado, Luna publicó un video en su cuenta de Twitter en el que le exige al presidente que “actúe con responsabilidad y vete la Ley de Seguridad Interior”.
“No se puede pasar por encima de tantas voces”, agregó. “Tengamos un diálogo robusto y profundo. El diálogo que este país merece”.
Aunque las fuerzas armadas gozan de amplio respeto en México, han sido acusadas de ejecutar y de torturar a detenidos, e incluso han reconocido que carecen de capacitación para realizar labores policiales.
La iniciativa aprobada el viernes permitiría a los soldados hacer legalmente lo que han estado haciendo durante al menos una década: efectuar redadas e instalar retenes, así como perseguir y detener a presuntos delincuentes.
Aun con la nueva ley, el Ejército no puede investigar crímenes. Sólo puede detener a personas en flagrancia. Ello podría alentar a los efectivos militares a inventar pretextos para hacer cateos o arrestos, lo cual no ayuda a mejorar el historial nacional sobre investigación y enjuiciamiento de crímenes.
Dado que las bandas de narcotraficantes en México tienen granadas, lanzagranadas, ametralladoras y vehículos blindados, superan la capacidad de la mayoría de las policías estatales y municipales. Incluso se ha descubierto que algunos policías trabajan para los cárteles.
Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU escribió en una carta abierta el jueves que la nueva ley considera las operaciones militares como asunto de seguridad nacional, lo cual implica que tal información podría ser clasificada como secreto de estado.
Un grupo de derechos humanos denominado Seguridad Sin Guerra dijo en un comunicado que la iniciativa todavía podría ser impugnada en la Suprema Corte de Justicia con argumentos constitucionales, y confió en que los legisladores de oposición presenten la apelación.
El Senado aprobó la medida con algunos cambios diseñados para calmar las preocupaciones de que las fuerzas armadas podrían ser utilizadas para reprimir a opositores, al incluir una prohibición al uso de los militares para controlar protestas políticas. Una versión previa de la iniciativa solo prohibía la intervención de los militares en las protestas “pacíficas”.
Los senadores también incluyeron un requisito de que los estados que reciban asistencia militar elaboren un plan para mejorar a las policías corruptas o ineficientes en un plazo de seis meses.
El ejército mexicano efectúa labores policiales desde 2006, cuando los soldados fueron desplegados por el presidente Felipe Calderón. (I)
The Associated Press