Buenos Aires (EFE).- El ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano, consideró hoy que los «actores centrales» del kirchnerismo deben brindar explicaciones sobre la presunta red de sobornos de empresarios a funcionarios del Gobierno anterior.
En una entrevista con Radio Mitre, el ministro fue consultado sobre la solicitud presentada por el juez Claudio Bonadio ante el Senado para allanar los domicilios y la oficina de la expresidenta y senadora Cristina Fernández (2007-2015), quien cuenta con fueros parlamentarios.
«Deberíamos discutir a fondo hasta qué punto llegan estos fueros o estas imposibilidades para llevar a cabo procedimientos. Lo lógico en estos casos es que se lo invite al juez a revisar lo que tenga que revisar. Cuando uno no tiene nada que ocultar, no hay inconveniente en que entren», afirmó.
En ese sentido, destacó que ya hay muchos empresarios que se han acogido a la figura del arrepentido en esta investigación -lo que les otorga beneficios penitenciarios si colaboran-, pero señaló que «está pendiente también una explicación por parte de los actores centrales del Gobierno anterior de qué es esto que estamos viendo».
Para Garavano, el hecho de que el Ejecutivo del conservador Mauricio Macri haya impulsado desde su llegada al poder una «política fuerte contra la corrupción» con «un montón de reformas normativas» ha permitido que se esté desarrollando esta investigación con base en las anotaciones que realizó en unos cuadernos Oscar Centeno, chófer del exfuncionario Roberto Baratta.
«Por primera vez, se analiza un posible entramado muy extendido de cómo eran estos mecanismos de corrupción estructurales que parece que se vivieron durante el kirchnerismo», señaló en referencia a esta supuesta red de sobornos que pudo haber existido durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández.
Asimismo, hizo referencia al exjuez federal Norberto Oyarbide, imputado en esta causa y quien, tras declarar ante Bonadio esta semana, admitió ante los medios que en 2009 dictó un sobreseimiento a favor del matrimonio presidencial con «base a todo» lo que presuntamente le iban diciendo desde el entorno de este.
«A lo mejor nunca debió ser juez, pero claramente hace muchos años que no debía serlo más», consideró Garavano.
En ese sentido, aseguró que el exmagistrado «claramente protegió unos intereses políticos» y, además, «atacó» al actual presidente, Mauricio Macri, al procesarlo por unas supuestas escuchas ilegales que había realizado cuando era alcalde de Buenos Aires (2007-2015), una causa en la que el mandatario finalmente fue sobreseído.
Por último, aunque admitió que el hecho de que varios exfuncionarios y empresarios de la obra pública estén implicados en esta causa puede generar «incertidumbre», afirmó que el Gobierno está intentando que la actividad económica siga desarrollándose.
«Los jueces han tenido actitudes muy prudentes y respetuosas» y, «hasta que no haya sentencia firme» y las compañías continúen colaborando, se seguirá «avanzando con las obras públicas», garantizó. EFE (I)
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