El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció el viernes que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo periodo vence en septiembre de 2019.
Custodiado por algunos de los más altos mandos del Ejército y la Policía y después de que varios vehículos militares se pasearan por la sede de la Cicig como un acto de intimidación, Morales advirtió que no renovará el mandato de la Comisión, a quien acusó de violar las leyes locales e internacionales. «Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad en la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito», aseguró.
Al hacer públicos esos señalamientos y quejas, el mandatario, que llegó al poder bajo el lema de «ni corrupto ni ladrón», dijo que se llevó a cabo una «persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala«.
«La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia, acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso», insistió el jefe de Estado, que llegó al poder con un partido fundado por militares.
El presidente, que se retiró sin aceptar las preguntas de los medios de comunicación, dijo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya fue «notificado oficialmente» de la «no renovación» del mandato de la Cicig y que de «inmediato» se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones guatemaltecas.
«El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actuar irresponsable de la Comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes», manifestó, pero agregó que aunque actuó «siempre de buena fe» no ha visto lo mismo por parte de la ONU.
Las investigaciones de la Cicig y de la Fiscalía han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido durante las elecciones que lo llevaron al poder y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes deben enfrentar un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
Esta situación elevó las tensiones y más cuando el pasado 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015, un extremo que él ha negado.
«Después de once años llegó el momento de transferir las capacidades que se presumía se tendrían con la Cicig a las instituciones guatemaltecas correspondientes», proclamó, y aseguró que su compromiso sigue para apoyar a las instituciones locales de seguridad y Justicia.
En la carta dirigida a Guterres, y en la que se recuerda que el acuerdo para la ratificación de la Cicig entró en vigor el 4 de septiembre de 2007, no se menciona ninguna controversia y se explica que hacer el anuncio hoy, a un año de que expire el mandato, es para que se produzca esa transferencia de capacidades.
«Como podrá ver su excelencia, la Cicig ha permanecido en el país por más de 10 años, considerándose que a la fecha el mismo ha sido suficiente para que dicha Comisión haya logrado el cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo, contemplados en al artículo 1 del mismo», reza la misiva.
Ya el año pasado Jimmy Morales intentó expulsar del país al jefe de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien acusó de extralimitarse en sus funciones poco después de que pidiera desaforarlo por primera vez por la comisión de ese mismo delito.
La nueva solicitud ha avanzado este viernes en el Congreso, donde la comisión pesquisidora que analiza si hay indicios para recomendar al pleno retirarle la inmunidad -aunque la decisión debe recibir el aval de 105 de los 158 congresistas- celebró su primera reunión de trabajo.
Mientras todo esto pasaba, diferentes sectores manifestaron su oposición a la decisión del Gobierno, como la fiscal María Consuelo Porras, quien pidió a ambas partes llegar a consensos, o el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien aseguró que Morales perdió el norte con esta determinación.
En la calle hubo manifestaciones en contra y a favor, sobre todo en este último sentido. Centenares de personas se acercaron a la Plaza de la Constitución para expresar su rechazo a esta medida y anunciaron que continuarán este sábado.
Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el uso militar que empleó el Gobierno este viernes. El magistrado de conciencia dijo que es una presencia «innecesaria, descomunal e intimidatoria» de vehículos militares con armas de alto calibre del Ejército en las inmediaciones de la Cicig.
Y Estados Unidos ya anunció que vigila el uso de estos vehículos que fueron donados para combatir el crimen y que este viernes fueron vistos en las inmediaciones de la Comisión y también de la sede diplomática, además de en otros puntos de la capital.
La decisión de no renovar la Cicig, criticada duramente por la oposición pero apoyada por el sector empresarial, ha abierto una nueva crisis política, pues algunas entidades, nacionales e internacionales, ven en ella un paso atrás en la lucha contra la corrupción.
EFE