Quito, 3 oct (EFE).- Los familiares y la defensa del equipo periodístico de diario El Comercio asesinado en abril solicitaron hoy mayor coordinación entre las fiscalías de Ecuador y Colombia, tras una reunión de trabajo que mantuvieron con ambos Estados en el 169 período de sesiones de la CIDH.
Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra mantuvieron una reunión de casi dos horas y media con representantes de Ecuador y Colombia, en la que también participaron la relatora país Esmeralda Arosemena y el relator especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza.
«Los representantes de las víctimas solicitaron a ambos Estados que sus fiscalías amplíen el horizonte de sus investigaciones», dice un comunicado de los familiares remitido a Quito desde la localidad de Boulder, en el estado de Denver, donde tuvo lugar el encuentro.
Y aunque reconocen «los esfuerzos de la Fiscalía de Colombia para dar con los autores materiales e intelectuales del secuestro y triple asesinato», las víctimas hicieron hincapié en la importancia de «insertar los hechos en un contexto».
A su vez, pidieron «analizar las posibles acciones u omisiones en las que pudieron haber incurrido agentes del Estado antes, durante y después de los hechos ocurridos hace 6 meses».
El equipo periodístico fue secuestrado en la frontera entre Ecuador y Colombia y, a mediados de abril, el Gobierno ecuatoriano confirmó la muerte de los tres, atribuyendo el crimen a un grupo disidente de las FARC autodenominado Frente Oliver Sinisterra.
Un grupo liderado por el guerrillero Walter Patricio Arizala, alias «Guacho», herido en una operación militar el pasado mes, pero que no ha sido apresado.
En su cita de Boulder, la CIDH pidió hoy más «fluidez» a los Gobiernos de ambos países para resolver el caso.
El relator Lanza explicó a la prensa que la Comisión planteó «la observación» de que es «necesario solucionar algunas situaciones de falta de fluidez en el intercambio de pruebas e información», un problema que Colombia y Ecuador se «mostraron abiertos» a solucionar.
«El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) tiene un mandato que no podrá funcionar de manera efectiva si el acceso a la documentación es limitado y si se trabaja con información incompleta«, expuso en la reunión Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas y quien presentó ante los comisionados las peticiones de las víctimas.
Aguagallo reiteró además que, durante la visita oficial del ESE a la ciudad de Quito el pasado mes de julio, las autoridades se comprometieron de manera pública a otorgar todas las facilidades para el buen avance del equipo. EFE (I)