Piden al presidente Vizcarra que cierre el Congreso dominado por el fujimorismo

El presidente Martín Vizcarra concluyó su mensaje a la Nación, en el que anunció la renovación total del Gabinete y en la que pidió iniciar una nueva etapa a favor de la ciudadanía. Foto difundida por Diario El Comercio de Perú

Como si se tratara de una temporada más de la famosa serie «Juegos de Tronos», la política peruana ha reavivado durante los últimos días una batalla de alianzas, proclamas y amenazas que mantiene en vilo a un gran sector del país andino.

Tan solo dos días antes del discurso anual que el presidente Martín Vizcarra debe pronunciar en el Congreso por la independencia del país, se escuchan voces que piden que use sus prerrogativas constitucionales y disuelva la Cámara, dominada por el fujimorismo.

«Presidente: cierre el Congreso», tituló este viernes a toda portada el semanario periodístico Hildebrandt en sus Trece, que dirige el reconocido periodista César Hildebrandt.

Hildebrandt señaló en su columna semanal que esta medida «no sería un gesto político. Sería una urgencia de la higiene pública. Sería el primer paso de un largo camino cuyo objetivo no puede ser otro que refundar nuestras instituciones».

En Perú existe una corriente de opinión pública muy favorable al cierre del Legislativo, señalada por todos los sondeos de opinión, ya que la ciudadanía parece estar cansada del enfrentamiento que se desarrolla desde que, en las elecciones de 2016, el economista Pedro Pablo Kuczynski derrotó por un estrecho margen a Keiko Fujimori.

Comenzó, entonces, un duro choque político con tintes revanchistas, en el que el partido fujimorista Fuerza Popular hizo uso de su fuerza en el Congreso, que dominaba a voluntad al ocupar 73 de los 130 escaños.

El primer caído fue Kuczynski, quien luego de dos intentos de ser destituido por el Congreso debió dimitir por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, a pesar de que en el camino indultó al expresidente Alberto Fujimori, el padre de Keiko, quien luego volvió a prisión cuando un juez anuló la gracia presidencial.

La suerte no fue más favorable para Keiko, quien a fines de octubre pasado ingresó en prisión preventiva durante 36 meses mientras se le investiga por un presunto lavado de activos, acusada de haber recibido dinero de Odebrecht para sus campañas electorales.

Aunque en medio de la refriega el fujimorismo ha sufrido una serie de dimisiones que han dejado su bancada con 54 miembros, ha mantenido su confrontación con el régimen de Vizcarra, quien sucedió a Kuczynski y ha plantado cara recordando que la Constitución lo faculta para disolver el Congreso.

La crisis revivió esta semana, ya que solo este jueves, al término de la legislatura, el parlamento aprobó un paquete de proyectos de reforma política sobre los que el primer ministro, Salvador del Solar, planteó cuestión de confianza en junio pasado.

Sin contar otras modificaciones introducidas en el camino, el punto crítico se dio cuando el Congreso cambió la propuesta del Ejecutivo que planteaba que la inmunidad parlamentaria sea decidida por el Poder Judicial y ya no por los legisladores.

La fujimorista Rosa Bartra presentó un texto sustitutorio que señaló que los parlamentarios solo renunciarán «a la inmunidad de arresto cuando haya sentencia firme», algo que en la práctica ya se hace en la actualidad.

El Ejecutivo también pidió cambios en la financiación de los partidos, que se establezca la paridad de género en las listas al Congreso, la obligatoriedad de elecciones internas para elegir a los candidatos y el impedimento para que sentenciados por distintos delitos puedan postular a un cargo público.

Al respecto, el analista Fernando Tuesta, quien presidió la comisión que elaboró las propuestas del Ejecutivo, señaló en el canal N de televisión que no todos los proyectos han sido aprobados como fueron enviados, por lo que consideró que el panorama político en el país es «incierto».

Tras agregar que se ha perdido una oportunidad para cambiar la estructura del Congreso y mejorar las relaciones con el Ejecutivo, sostuvo «no sabría decir cómo va a reaccionar el Gobierno».

Horas antes, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, admitió que la opción de disolver el Congreso está en manos de Vizcarra, aunque recordó que la Constitución le impide hacerlo durante su último año de gestión, entre julio de 2020 y julio de 2021.

En medio de este escenario, el Congreso también mantuvo hasta última hora sus pugnas internas para determinar las listas para su elección de la mesa directiva para el período 2019-2020.

Fuerza Popular cumplió con su anuncio de que no iba a presentar un candidato propio y dejó el campo abierto para que la elección sea disputada por el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y el conservador Pedro Olaechea, quien es cercano el fujimorismo.

Salaverry, quien en enero pasado rompió su vínculo con Fuerza Popular, buscará la reelección a la cabeza de un grupo heterogéneo de parlamentarios denominado Unidos por la República, en el que lo acompañan populistas, oficialistas e izquierdistas.

Olaechea, por su parte, representa a la lista de Acción Republicana, en la que es acompañado por fujimoristas y conservadores, y asegura que su objetivo es trabajar «en beneficio de la institucionalidad del país».

De esa manera, el futuro inmediato del Congreso se dilucidará este sábado, cuando se elija a la nueva mesa directiva, aunque su permanencia en el tiempo sigue en manos del presidente Vizcarra. EFE (I)

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