El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cambió a cuatro de los siete miembros que integran la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (Cemdp) durante la dictadura militar (1964-1985) porque, según dijo este jueves, ahora el Gobierno «es de derechas».
La medida, publicada hoy en el Diario Oficial, se produce en medio de una enorme polémica después de que el mandatario ultraderechista cuestionara los crímenes cometidos por el régimen militar y los trabajos realizados por la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones cometidas en ese periodo.
«El motivo es que cambió el presidente, ahora es Jair Bolsonaro, de derechas. Punto final. Cuando ellos (en alusión a los Gobiernos del progresista Partido de los Trabajadores) colocaban terroristas allí, nadie hablaba nada», expresó el gobernante a los periodistas para explicar su decisión.
«Ahora cambió el presidente, al igual que cambió la cuestión ambiental también», añadió para defender también su agresiva política con relación a la Amazonía.
Entre los cuatro cambios realizados en la Cemdp figura el del presidente del órgano, que ahora será Marco Vinicius Pereira, en sustitución de Eugenia Augusta Gonzaga.
La semana pasada la comisión sobre desaparecidos emitió un atestado que decía que la muerte de Fernando Santa Cruz, un militante de izquierdas desaparecido en 1974, ocurrió de forma «no natural, violenta y fue causado por el Estado brasileño».
No obstante, el lunes, Bolsonaro puso en duda lo recogido en ese informe y le prometió a su hijo, Felipe Santa Cruz, quien es actualmente presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), desvelar «la verdad» sobre la desaparición de su padre.
Posteriormente, el jefe de Estado afirmó, en un directo vía redes sociales mientras le cortaban el pelo, que el «grupo terrorista» Acción Popular de Río de Janeiro es, según él, el responsable la muerte de Fernando Santa Cruz.
El presidente de la OAB pidió a la Corte Suprema de Brasil que Bolsonaro esclarezca las «ofensas» realizadas contra la memoria de su padre.
Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero, es un capitán de la reserva del Ejército que niega que Brasil sufriera una dictadura entre 1964 y 1985 y llegó a decir que las violaciones a los derechos humanos cometidas en la época fueron «problemitas».
El 4 de diciembre de 1995, por medio de una ley, el Estado brasileño reconoció como muertas a decenas de personas que desaparecieron por razones políticas o acusados de participar en actividades políticas.
La misma ley también recogió la creación de la citada comisión especial con el objetivo de reconocer a otras personas desaparecidas y/o muertas por motivos políticos durante la dictadura militar.
Entre sus atribuciones está la de localizar los cuerpos de personas desaparecidas cuando se encuentren evidencias sobre el lugar en el que fueron ocultados o sepultados.
Finalmente, el 18 de diciembre de 1995, se instauró, por medio de un decreto, la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (Cemdp), que hoy está vinculada al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, que comanda la pastora evangélica Damares Alves.
Según un informe presentado en 2014 por una Comisión de la Verdad que investigó las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo, la dictadura que imperó durante 21 años en Brasil dejó 434 muertos y desaparecidos.
El voluminoso informe detalló en sus 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y citó como responsables a 377 agentes de la dictadura, de los cuales unos 200 todavía estaban vivos hace cinco años.
Los acusados, sin embargo, no pueden ser llevados a tribunales debido a una Ley de Amnistía. EFE