El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, señaló este lunes a «funcionarios de organismos no gubernamentales» de contactar a militares «para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado» al presidente, Daniel Ortega, en medio de la crisis que atraviesa el país desde abril de 2018.
El jefe militar hizo esa denuncia durante el acto central de conmemoración del 40 aniversario del Ejército de Nicaragua, que estuvo presidido por Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y al que asistió como invitado el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino.
«Jamás lograrán descohesionarnos. Jamás nos van a dividir como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al Gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos», acusó en su discurso.
Avilés Castillo, que no mencionó nombres, dijo que esos funcionarios de ONG «son los mismos que presionaban para que cumpliéramos misiones que no son de nuestra competencia, ignorando o queriendo ignorar las leyes de la República, pretendiendo con nuestra salida provocar una guerra entre hermanos».
Sostuvo que el Ejército «no ha hecho absolutamente nada para llevar a este país a la grave crisis que se dio en abril del año pasado» y que no ha hecho tampoco nada para agravarla.
«Y nunca haremos nada para que nos lleven nuestros acciones a arrastrarnos a una guerra porque los que la vivimos, jamás la queremos», agregó.
Aseguró que la posición de las Fuerzas Armadas es la misma que adoptaron desde el 21 de abril de 2018, tres días después que estalló la crisis y cuando hicieron «un llamado a la reflexión» y se sumaron a «la decisión de búsqueda de una solución por la vía del diálogo para encontrar una respuesta consensuada al tema que originó estos momentos de dolor».
El jefe militar explicó que «conscientes y meridianamente claros de nuestros roles constitucionales y legales, jamás caeremos en errores o acciones al margen de la Ley como han querido que lo hagamos los que han dirigido las campañas de presiones, calumnias y mentiras, así como las agresiones a nuestra institución y nuestros familiares».
«Sepan que sabemos quienes están detrás de esa brutal campaña de ataques y provocaciones y lo hacemos responsables de las afectaciones físicas y morales de nuestros compañeros y familiares», lanzó.
«Y no digan que los estamos amenazando porque no es esa nuestra intención. En todo caso es nuestro deber señalar los brutales ataques a nuestra institución, compañeros y familiares», agregó.
Afirmó que en el Ejército escuchan «las criticas sanas, constructivas» y que siempre denuncian y rechazan «los llamados a violentar la Ley, las ofensas, las calumnias y las mentiras».
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 595 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 -que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes»– y denuncia un intento fallido de golpe de Estado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de Ortega de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.
Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales. EFE