La Fiscalía de Bolivia iniciará una investigación para verificar si los funcionarios españoles implicados en el incidente que derivó en la expulsión de diplomáticos de ese país y de México ingresaron a Bolivia con pasaportes falsos, anunció este viernes una fuente judicial.
Las indagaciones toman como punto de partida «información de la prensa española de que estas personas llegaron al país con pasaportes falsos», explicó el fiscal general del Estado boliviano, Juan Lanchipa, citado en un comunicado de su oficina.
«Por ello se ha instruido a la Fiscalía de La Paz que a través de la cooperación jurídica internacional vía consular puedan solicitar las declaraciones informativas de las autoridades españolas», dijo.
Con la investigación se busca verificar «si esas personas portaron pasaportes falsos» durante su estadía en La Paz «vulnerando la soberanía del país», indicó Lanchipa.
El funcionario señaló que mediante la Fiscalía Departamental de La Paz se solicitará que se convoque a quienes autorizaron desde España el viaje de esos ciudadanos a Bolivia.
«Se debe aclarar quiénes fueron los que posibilitaron que esas personas vengan al país y cuál era su propósito», manifestó.
El Gobierno interino de Bolivia decidió el lunes pasado declarar personas no gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, junto a otros funcionarios y la embajadora de México, María Teresa Mercado.
La decisión boliviana se originó en la visita el pasado 27 de diciembre de los diplomáticos españoles acompañados de individuos «encapuchados» y «presumiblemente armados» a la embajadora de México, María Teresa Mercado, en su residencia en La Paz.
El Gobierno interino de Jeanine Áñez ha señalado que los diplomáticos dañaron la soberanía boliviana, al interpretar que hubo una intención de evacuar a exministros de la Administración de Evo Morales asilados desde noviembre en la residencia mexicana a los que acusa por delitos como terrorismo.
Según reportes de prensa españoles, el verdadero encargo de los cuatro GEO era el de conseguir evitar que dos personas clave cobijadas en la Embajada de México (los ex ministros de Evo Morales –Juan Ramón Quintana y Héctor Arce-) pudieran hablar y dar información sobre el dinero “criminal” recibido por el partido Podemos de manos de Evo Morales.
El plan consistía en sacar de esa Embajada a los dos mencionados y, posiblemente, buscar un país de acogida donde su situación y pasado no pueda ser controlada judicialmente.
El Ejecutivo español ha negado en todo momento aquello, al asegurar que se trató de una visita de «cortesía» y que los diplomáticos iban acompañados de «personal de seguridad» para su propia protección.
España ha calificado de «gesto hostil» la decisión de Bolivia y replicó con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos.
Al menos seis funcionarios españoles que se encontraban en Bolivia como apoyo técnico a la legación abandonaron el país este viernes en cumplimiento de la declaración de personas no gratas, confirmó el director de Migración, Marcel Rivas.
El Gobierno interino designó a su vicecanciller, Gualberto Rodríguez, como nuevo encargado de Negocios en España con el fin de superar la tensión que se generó tras este suceso. EFE