El compromiso de Costa Rica con la libertad de expresión en las Américas

Por Danilo González Ramírez
San José, Costa Rica

Fiel a su tradición histórica, Costa Rica es ferviente defensora de los derechos humanos en el sistema interamericano. Ha sido y continúa siendo un sólido bastión del sistema regional de protección y sus órganos de supervisión, la Corte Interamericana con sede en nuestro país y la Comisión Interamericana (CIDH) con sede en Washington. Ello lo reconoce el editorial de La Nación del 6/1/11 (“Hora de defender la libertad”), sobre el cual es necesario realizar algunas precisiones.

El apoyo del país a la CIDH se manifiesta a través de su reconocimiento como órgano principal de la OEA en la defensa de los derechos humanos. También se materializa en el respaldo a sus distintos mecanismos de promoción y supervisión, como con la elaboración de informes temáticos, las visitas in situ a los países, el sistema de casos y peticiones y los trabajos de sus relatorías.

El compromiso internacional de Costa Rica con los valores democráticos en general –y el respeto de la libertad de expresión e información en particular– ha sido expresado, entre otros, en la promoción y observancia de esos mismos valores que el país impulsa decididamente desde la OEA y el reconocimiento del papel central que estos tienen –y han tenido– en la consolidación de la democracia en el contexto hemisférico actual.

Reconocimiento. El respaldo de Costa Rica a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como órgano independiente de la CIDH ha sido reconocido en reiteradas ocasiones. De manera expresa fue agradecido por la actual presidenta de la Comisión, Dra. Dinah Shelton, y la relatora especial para la Libertad de Expresión, Dra. Catalina Botero, cuando por disposición del canciller de la República, Dr. Enrique Castillo, el país se apersonó el 3 de diciembre del 2011 mediante su embajador ante la OEA, Édgar Ugalde, en apoyo a sus labores e hizo entrega de una modesta pero simbólica aportación económica a esa relatoría especial.

Como en ocasiones previas, la Relatora destacó las contribuciones de Costa Rica al trabajo de su relatoría especial y el compromiso nacional con la promoción de la libertad de expresión e información. Compromiso que se ha materializado cada año a través de humildes aportaciones desde su creación en 1997 y en manifestaciones públicas de apoyo en los órganos políticos de la OEA, y –ante todo– en el empeño nacional por cumplir a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana del 2 de julio del 2004, que culminó con el archivo del caso Herrera Ulloa en noviembre del 2010.

Nuestro compromiso con la labor de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no ha sido ninguna excepción dentro de las labores del “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, creado para profundizar la reflexión sobre su funcionamiento y lograr el reforzamiento del sistema regional, a través de la formulación de recomendaciones no vinculantes.

En permanente consulta con actores estatales, organismos internacionales y ONG, y bajo la coordinación de la Cancillería, Costa Rica participó activamente de junio a diciembre del 2011 en las discusiones correspondientes y destacó como un interlocutor aventajado en las reflexiones sobre los diversos temas en la agenda de ese proceso: los relativos al régimen del trámite de asuntos ante la CIDH y al fortalecimiento financiero del Sistema.

Dos principios cardinales. La participación de Costa Rica en este proceso ha sido guiada por dos principios cardinales. El primero, dada la pertinencia de un diálogo multilateral en la OEA para el fortalecimiento del sistema regional de derechos humanos fue impulsar tres líneas de acción prioritarias para lograr ese objetivo: la idea de la “universalización” del sistema regional de derechos humanos en aquellos países que aún no ratifican el Pacto de San José o no reconocen la jurisdicción de la Corte como punto de partida de toda propuesta de afianzamiento; la determinación de los fondos necesarios del presupuesto de la OEA para el fortalecimiento financiero como una necesidad apremiante del Sistema; y el cumplimiento de las decisiones de la Corte y la Comisión como garantía colectiva de efectividad.

Para Costa Rica, toda discusión seria desde los órganos políticos de la OEA debe considerar esos capítulos como temas preeminentes, posición que ha valido el reconocimiento de la Corte y la CIDH.

El segundo principio se asienta sobre la premisa de que cualquier observación que presenten los países a la CIDH sería únicamente a título de recomendación, tomando en consideración su autonomía e independencia, que Costa Rica, aparte de todo, reconoce como atributos inherentes a esa comisión.

En este entendido es claro que la CIDH –en el pleno ejercicio de su autonomía e independencia– no se encuentra obligada a adoptar las recomendaciones resultantes de este proceso y, en consecuencia, es libre para discernir y por último atender –o no– discrecionalmente las distintas sugerencias de los países.

Las conclusiones del Grupo de Trabajo fueron recogidas en un documento final el 13 de diciembre del 2011.

Una vez aprobadas por el Consejo Permanente de la OEA, presentarán a la CIDH una colección de observaciones variadas, recogidas a través de un lenguaje conforme con la negociación multilateral que –a lo mejor– no se encuentra siempre exento de ambivalencia.

Por ello, darán a la CIDH oportunidad de apreciar las disímiles propuestas de los países miembros de la OEA y, con ese mismo motivo, adoptar aquellas sugerencias que sean susceptibles de ser asumidas en su condición de órgano autónomo.

Sin perjuicio de las recomendaciones de los países en la dinámica de los mecanismos de concertación multilateral dentro de una entidad como la OEA, en la que frecuentemente se busca acercar posiciones disímiles a través de fórmulas linguísticas de consenso, no cabe duda que la posición particular de Costa Rica –unusexmultis, decía Horacio en sus sátiras– seguirá la de su compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su infranqueable respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

* Danilo González es representante de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos.

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  1. Una posición ejemplar de un país que se destaca en toda América Latina por la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Un oasis en esta región del mundo. Tenemos mucho que aprender.

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