Balance universitario

Por Carlos Larreátegui
Quito, Ecuador

Al cabo de cinco años de gestión conviene trazar un balance de los resultados alcanzados por el Gobierno en materia de educación superior. A través de extensos discursos y varias toneladas de papel, la “revolución ciudadana” ha insistido en su acción para transformar el sistema universitario en función del “buen vivir”, esa entelequia que preside todo discurso oficial. Examinemos algunos hechos.

La implementación de la gratuidad universitaria hasta el tercer nivel fue la primera de las “acciones revolucionarias”. Con ello se buscaba extender la cobertura universitaria y promover un mecanismo de movilidad social. Al analizar sus resultados prácticos, sin embargo, se aprecia claramente que la gratuidad no ha beneficiado directamente a los sectores menos favorecidos de la sociedad. En un análisis publicado hace pocos meses, David Post de Penn State University establece con datos precisos el fracaso de esta política para reducir la inequidad en nuestro país. Cabe mencionar, también, que la gratuidad ha provocado un aumento de la deserción en las universidades públicas; como dice el refrán, “lo que poco cuesta, poco se aprecia”.

La Constitución de Montecristi declaró que las universidades, sus carreras y programas serían evaluados y acreditados hasta el 2013. Han transcurrido cuatro años y ninguna de las más de 50 instituciones y 3 000 carreras han sido evaluadas y acreditadas. Es más, no existen todavía modelos para iniciar este difícil y largo proceso. El riesgo de que se articulen acciones improvisadas y ligeras, similares a las emprendidas por el antiguo Conea bajo el Mandato 14, es muy grande. Recordemos que el ‘ranking’ de universidades elaborado bajo ese proceso es una herejía académica y una jerarquización impresentable. Sin embargo, sus dudosas conclusiones han quedado escritas en piedra.

En materia de investigación los escasos fondos asignados a ciertas universidades fueron retirados de inmediato y reasignados a institutos públicos. Se espera ahora que las universidades, utilizando sus limitados presupuestos, emprendan por su cuenta y riesgo grandiosos proyectos de investigación. Cualquier funcionario con mediana experiencia en estos asuntos sabe que un programa nacional de investigación parte de una estrecha alianza entre el Estado y las universidades públicas y particulares y una adecuada provisión de fondos públicos concursables.

Lo más notable de estos 5 años de “revolución” es, claramente, el incesante asedio a las universidades privadas y la expropiación progresiva de su gestión. Si el Estado no devuelve a estas instituciones su autonomía y derecho a gobernarse, su desaparición está garantizada. Y aunque duela a ciertos fanáticos estatistas, la educación particular es indispensable para el desarrollo del Ecuador.