Por Carlos Larreátegui
Quito, Ecuador
Luego de muchísimas promesas y casi dos años de vigencia de la nueva Ley de Educación Superior, el sistema universitario está paralizado. No se han aprobado nuevos programas mientras miles de jóvenes pugnan por entrar a la universidad para seguir carreras decididas y asignadas por el Estado. Entretanto, los órganos reguladores, convencidos de las virtudes de la fuerza, se empeñan en dictar normas punitivas y crear un sistema policial. La consigna: “la letra con sangre entra”.
Bajo esta línea, el Consejo de Educación Superior (CES) dictó un Reglamento de Infracciones y Sanciones, un mini Código Penal que regula con minucia la conducta de las universidades e impone severos castigos. Algo muy de la onda de otras leyes como la de Tránsito o el nuevo Código Penal, es decir, amenazantes, coercitivas y dirigidas a provocar temor. Aunque a estas alturas del partido resulte necio invocar la vigencia de la Constitución, cabe señalar que el CES no tiene competencias para tipificar infracciones. Mientras tanto, temas sustantivos como la aprobación de los estatutos de las universidades han sido relegados y se amenaza a las entidades particulares con desconocer su especificidad y establecer un sistema de gobierno similar al de las públicas.
En otro frente, el Consejo de Evaluación y Acreditación (CEAACES) hace lo suyo. Aunque la intervención del Estado en algunas universidades de baja calidad era absolutamente necesario, los resultados del plan de cierre y contingencia aplicado a 14 instituciones revelan altas dosis de improvisación. Los operativos de seguridad y los despliegues policiales tipo “comando” demostraron que por encima del drama humano de estudiantes y familias se pretendía lograr un golpe de efecto mediático y político. Miles de estudiantes han sido olvidados y hoy enfrentan el espectro de la exclusión definitiva.
La Constitución de Montecristi obliga al CEAACES a evaluar y acreditar las universidades más todos sus programas y carreras hasta el 2013. Queda apenas un año para que el plazo expire y aún no existe un modelo de evaluación para acometer esta gigantesca tarea. Un proceso de esta envergadura requerirá entre 5 y 10 años adicionales. En la misma línea de utopías, el CEAACES ha dictado un reglamento que establece la tipología universitaria y obliga a las instituciones de educación superior a contratar cerca de 20 000 PhD. Primero, no existen tantos y, segundo, no hay recursos para remunerarlos.
Los órganos reguladores del sistema de educación superior deberían abandonar su arrogancia, reconocer sus errores y trabajar con los actores universitarios en un plano de colaboración. Es necesario dejar la visión maniquea de que las universidades son enemigas del Régimen y que deben ser sometidas. Sería la mejor forma de forjar un sistema de calidad.
* El texto de Carlos Larreátegui ha sido publicado originalmente en El Comercio.