Por Juan Jacobo Velasco
Santiago de Chile, Chile
Es inevitable que el caso Assange me recuerde el affaire diplomático-judificial, también centrado en Londres, 14 años antes, cuando Augusto Pinochet (AP) fue detenido tras la aplicación de una orden internacional emitida por el juez Baltasar Garzón, quien estaba procesando al ex dictador por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos españoles. AP tenía la condición de senador vitalicio en Chile, que le daba inmunidad absoluta y lo blindaba para tener patente de corso hasta su muerte. Pero ese estatus no se aplicaba fuera del país. Un error de cálculo –ya no estaban en el poder los conservadores de su amiga Margareth Thatcher – y el no entender que su imagen fuera de Chile estaba marcada por los horrores perpetrados por la violación de los DDHH, lo dejó –y por extensión, a su país- en una situación cuya extensión y consecuencias fueron impredecibles.
Lo que siguió fue un juego de ajedrez en donde todas las estrategias fueron planteadas para cortar un nudo gordiano. La derecha en Chile quemó banderas españolas y británicas, exigiendo el retorno de «su general». El Gobierno de centroizquierda, opositor de AP en la dictadura, tenía que lidiar con una situación complicada porque tenía que responder a una institucionalidad nacional que le confería a AP un estatus que debía protegerse. Inglaterra forma parte de la Unión Europea y la aplicación de justicia en el ámbito comunitario es una premisa. El puzzle demoró 503 días en resolverse, tras una larguísima sucesión de pruebas y ensayos argumentales. El Estado chileno se centró en que AP debía juzgarse en Chile y que existían condiciones para ello, una vez que se negoció internamente el fin de los senadores designados y, por extensión, del estatus de AP. La decisión, no obstante, fue política. Reino Unido decidió enviar al ex dictador apelando a razones humanitarias, para que pueda ser juzgado en Chile. Algo que, si bien formalmente se dio, recibiendo una condena, no pudo ejecutarse por su supuesta demencia senil.
La moraleja de esta historia es que este tipo de líos entraña infinitos caminos que pueden conducir a finales inesperados. Al inicio, la derecha chilena pensaba en una teoría conspirativa, confundiendo un proceso judicial internacional con una intencionalidad de la «izquierda vengativa». El evento planteó las paradojas entre los procesos judiciales internacionales y nacionales, que siempre se resuelven políticamente. También dejó en evidencia que la Unión Europea cree en el debido proceso de sus miembros, algo a lo que el juez Garzón adscribía entonces. El evento produjo cambios internos en Chile que mejoraron la calidad de la justicia y la democracia, sin consecuencias económicas. Pero lo principal fue que el eje de la discusión se centró en la pregunta sobre dónde se puede aplicar la justicia y el debido proceso. Algo que el caso Assange carece porque el Gobierno ecuatoriano asume que es una «imposibilidad».