Por Joaquín Hernández
Guayaquil, Ecuador
En los últimos 15 días diferentes catedráticos de todo el país, editorialistas, autoridades universitarias y asociaciones de profesores y de universidades se han dirigido al presidente de la República, a los miembros de los órganos reguladores y al país para expresar sus preocupaciones y posibles discrepancias sobre procedimientos y normativas que se supone permitirán implementar cambios cualitativos en la educación superior del país. A estas alturas, casi a los dos años de aprobada la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, resulta inevitable que diferentes actores que participan en el proceso de transformación de la educación superior tomen la palabra y expresen sus acuerdos y desacuerdos.
No hay por lo demás discusión sobre los grandes fines a los que se pretende alcanzar como son la calidad académica y la pertinencia. Más aún, la mayoría de las universidades se han preocupado, pasada la etapa de discusión de la LOES, de asumir con espíritu renovado las nuevas transformaciones que se han venido anunciando en términos generales. De ahí que resulte contraproducente y poco universitario molestarse por estas críticas e incluso como en casos afortunadamente aislados, recurrir a la descalificación o a la confrontación. Es imprescindible volver al famoso texto de Max Weber del año 19 donde separa radicalmente a los políticos de los científicos y donde prescribe a estos últimos la crítica, la discusión permanente y la libertad de opinión que son ajenas a las visiones mesiánicas de los políticos.
En la situación actual hay varios problemas que no están claros y que debieran ser aclarados para bien de todos los actores. Uno tiene que ver con el destino real, no el ideal, de la actual planta docente de las universidades que está obligada hasta el año 2017 a sacar el grado académico de doctor o de PhD so pena de perder su condición de profesor titular principal.
El problema se ha agravado por las nuevas exigencias que incorpora para tener esa condición el actual proyecto de Reglamento de Carrera Docente y Escalafón.
¿Se tiene información actualizada de los docentes titulares principales de las universidades, su edad, condición económica y familiar, su participación en las carreras y programas de postgrado? ¿Se trata de una selección darwiniana para excluir a todos estos docentes si no consiguen dicho grado y no cumplen además las condiciones que señala ese proyecto? Decir simplemente que se ofrecerán becas para estudiar en el exterior no soluciona el problema. Ni a nivel personal y familiar de los afectados ni de las universidades que no contarían con ellos en el supuesto de que emigrasen en masa al exterior. ¿Quiénes los substituirían en estos años? ¿Los jóvenes que están estudiando sus doctorados en el extranjero?
Una respuesta clara y pragmática, no voluntarista ni principista, será la mejor solución. A lo mejor lo que falta es la presentación de un proceso de transición como hizo Brasil el siglo pasado que permita que las preocupaciones o los malentendidos se diluyan de una vez.