Mentiras

Jacobo Velasco
Santiago de Chile, Chile

Tania González fungió como directora de la carrera de enfermería de la Universidad del Mar en Chile hasta que una denuncia gatilló su arresto y el inicio de una investigación por ejercicio ilegal de profesión de enfermera y médico, obtención fraudulenta de fondos del fisco (trabajó en el servicio de salud) y por falsificación de instrumento público, según el diario La Tercera. El fiscal a cargo ordenó la exhumación de 38 cadáveres dado que la supuesta enfermera –que confesó ser maestra de profesión- firmó ese número de actas de defunción en una casa de ancianos. Las exhumaciones buscan dilucidar si las muertes de los ancianos tienen relación con la falta de experiencia de González para cuidarlos.

El telón de fondo es grave porque la Universidad del Mar está acusada de manejos indebidos para alcanzar la acreditación universitaria, siendo el de González un caso emblemático. Pero el detalle de la vida de la seudo doctora muestra que la mentira que fraguó merece una investigación detallada y exhaustiva. Y un resultado acorde.

Eso y más debería ocurrir con Pedro Delgado (PD), por tratarse de un funcionario de altísima jerarquía que se arrogó ilegalmente un título y falsificó un instrumento público. No hubo inmadurez sino una mala fe que se convirtió en una mentira dantesca cuya defensa se desarrolló con alevosía. Todas las denuncias –incluso las que retrotraen a su pasado en la CFN- deben ser investigadas por la justicia y los órganos de control. Como muestra el caso de González, cuando se escarba en una mentira descomunal, la supuración es descomunal. Y hay que, literalmente, exhumar cadáveres. Es lo mínimo que debe liderar un Gobierno cuyas manos puso en el fuego por PD, quien mintió con descaro en el Ecuador, pero en los EEUU confesó no tener título sabiendo las consecuencias del perjurio en el país hacia donde huyó.

Más allá de su defensa irracional a PD, tres conductas del Gobierno son gravísimas. La primera fue su reacción al «enterarse» de la mentira. Sabiendo las consecuencias legales, debió activar a la adormecida Fiscalía y no dejar que PD saliera del país. La laxitud extrema con PD resalta ante el durísimo rasero con los de Luluncoto. La segunda es que el caso tira abajo el discurso de excelencia del Gobierno y deja serias dudas sobre la –usando sus palabras- competencia del presidente. Más que el perfil del funcionario, lo que cuenta es la confianza depositada por el líder y la fidelidad con él. La calidad de la política económica es un detalle «menor». Y tercero, es el daño moral de esta mentira en los economistas ecuatorianos. PD presidente del Banco Central y responsable de «No más impunidad». PD «magíster» de INCAE, acreditado por la Senecyt y el Colegio de Economistas. Como si no hubiera economistas de buen nivel para hacer estas tareas. Lo de PD nos marca nacional e internacionalmente a los economistas del país y merece una acción legal conjunta de los cuerpos colegiados y universidades por el daño moral.