Jackson Diehl
Washington, Estados Unidos
¿Cómo se destruyen las instituciones liberales? En estos días, no es necesario un golpe militar. Actualmente, los gobernantes cínicos han decidido corromper, más que abolir, los tribunales independientes, las legislaturas y los medios de comunicación; y sus defensores están demasiado divididos, demasiado débiles o demasiado distraídos para responder eficazmente.
Un último ejemplo: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo multilateral de medio siglo de antigüedad, que ha jugado un papel importante en la promoción de la libertad en el hemisferio occidental, y que está en peligro inminente de ser destruido. En una reunión celebrada en Washington este mes, los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considerará una serie de «reformas» a la Comisión y a su Oficina de Libertad de Expresión, que tendría el efecto de desfinanciar o bloquear de lo que ha sido la obra más visible y eficaz de la OEA: desde la defensa de los grupos indígenas hasta la protección de los periodistas.
Detrás del asalto (ninguna sorpresa) están los gobernantes de izquierda populista de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, que han pasado los últimos años destripando las instituciones democráticas en sus países y ahora pretenden castigar a la Comisión Interamericana por haber llamado la atención sobre sus infracciones. A la cabeza del bloque está Rafael Correa, el presidente ecuatoriano de 49 años y aspirante a sucesor de Hugo Chávez como jefe de los caudillos anti-yanquis en América Latina.
Correa ha superado incluso a Chávez y al presidente nicaragüense Daniel Ortega en su persecución a los periodistas, a los que ha logrado multar, expropiar y someter a juicios en tribunales amañados. Llamado al orden por una valiente relatora de la
Comisión para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino, Correa se ha propuesto como una misión personal que en los últimos 18 meses destruirá el funcionamiento de la comisión. Y está bastante cerca de tener éxito.
En junio pasado, Correa viajó a una reunión de ministros de la OEA en Bolivia para presionar en favor de sus propuestas, que afectarían la mayor parte de la financiación de la Oficina para la Libertad de Expresión; detendría la emisión de informes críticos a los más mayores violadores de los derechos humanos, como Ecuador; y restringiría severamente las medidas cautelares que se utiliza para defender los activistas de la sociedad civil y otras víctimas de abusos. El ecuatoriano ha logrado la cooperación de facto del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, un socialista chileno que accedió a permitir que la asamblea de la OEA imponga reformas a la comisión, por mayoría de votos, en violación de su estatuto.
Venezuela y sus aliados (incluyendo a los países pequeños del Caribe a los que entrega un precioso petróleo subsidiado) juntos controlan 15 votos en la OEA y sólo necesitan tres más para lograr la aprobación de sus propuestas. En la reunión de Bolivia, ellos ganaron por abrumadora mayoría para seguir adelante con su moción, con solo el voto en contra de los Estados Unidos, Canadá y Costa Rica.
Espera, me dices: ¡La gran mayoría de los países de la OEA son democracias liberales, incluyendo a pesos pesados, políticos y económicos, como Brasil, México, Colombia y Chile! Seguramente ellos pueden detener al ecuatoriano, de quien no tienen el mejor criterio.
Sin embargo, ahí es donde empieza el verdadero problema. A pesar de que sus propios medios de comunicación son poderosamente libres, y sus tribunales, justos, los gobiernos democráticos de la región ha sido lentos, en el mejor de los casos, en su defensa de la Comisión. Incluso los medios de comunicación libres han fracasado: la amenaza a la Comisión ha sido virtualmente ignorada hasta ahora por los EE.UU. y la prensa latinoamericana.
Todo el mundo tiene una razón para ignorar o tolerar el ataque a la Comisión. Brasil está todavía enojado por una medida de la Comisión en 2011 que, con razón, determinó que el proyecto de una presa hidroeléctrica pisoteaba los derechos indígenas. (Un juez brasileño luego llegó a la misma conclusión, pero la presidenta Dilma Rousseff, quien era ministra de Energía en ese momento, todavía busca venganza.) A Perú no le gustó que la Comisión investigue el ataque de 1996 a la Embajada de Japón en Lima tomada por un grupo terrorista. Chile se cuida de desafiar el liderazgo de Venezuela, para no aumentar los ataques en el conflicto territorial que tiene con Bolivia.
¿Y los Estados Unidos? Washington está paralizado en parte porque nunca ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de la cual opera la Comisión. Sin embargo, en términos más generales, la administración Obama ha estado ausente en los temas hemisféricos. Al igual que lo que sucede respecto a otras partes del mundo, su política se concentra en presentar excusas a su pasividad: una diplomacia robusta en contra de la campaña de Correa, alegan, sólo produciría una reacción violenta. Así que el embajador de EE.UU. ante la OEA ofrece discursos vacíos sobre el apoyo de Washington a la libertad de expresión, y una de las más robustas instituciones de derechos humanos en el mundo se agita ante el viento.
* Jackson Diehl es Editor Adjunto de la Página de Opinión del diario The Washington Post. Su columna ha sido publicada el 3 de marzo en The Washington Post. La traducción es responsabilidad de LaRepública.
Los Derechos Humanos no son justamente uno de los «valores» de la Diplomacia de los Estados Unidos. Lo que le molesta al Washington Post no es el ataque a los derechos humanos, lo que les molesta es el ataque a uno de sus «instrumentos de manipulacion», algo asi como los Patriots. La CDIH a sido utilizado por los Estados UNidos para atacar a los paises de la region, y aun cuando no es signante del mismo, imponer sus criterios y obligar a los pasis a ser sumisos a sus pretensiones.
Lástima que la traducción no sea exacta, por ejemplo, cuando utiliza la palabra ¨bufón¨.