Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Según la Cepal, América Latina y el Caribe recibieron en 2012 casi 174.000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), contra 154.000 millones en 2011. Fue el tercer año consecutivo de crecimiento, tras la caída derivada de la crisis financiera internacional en 2009. Obvio es, sin embargo, que no hubo homogeneidad en cuanto a los países receptores: la región no es un mercado en sí mismo. Los dos países con mayor recepción fueron Brasil (65.000 millones), similar nivel que 2011, y Chile, 30.000 millones, versus los 17.000 millones de 2011. Singular atención merece Perú, que pasó de 7.600 a 12.200 millones. Ecuador redujo su participación de 641 millones (2011) a 364 millones (2012).
Para entender los factores de la heterogeneidad puede servir de guía el informe aprobado en 2010 por el Senado español, sobre el papel de sus empresas en América Latina (en 2011 España fue el mayor inversor europeo en América Latina, y el segundo después de Estados Unidos). Ahí se analiza los mercados (oportunidades de negocios) y la seguridad jurídica de diversos países de la región. En ambos temas Brasil y Chile forman parte del llamado «primer grupo», de los tres elaborados. En el caso brasileño se destaca «su gran riqueza natural, el tamaño de su mercado interior y su nivel de desarrollo tecnológico». En el chileno, su «mayor grado de seguridad jurídica», y contar con una «institucionalidad sólida y con un sistema judicial que funciona», no obstante tratarse de un «mercado comparativamente pequeño».
El caso chileno parece probar la hipótesis de que, en materia de IED, el relativamente pequeño tamaño de un mercado puede compensarse con factores como la seguridad jurídica. Pero esta no existe solamente por contar con reglas claras y estables, si quedan petrificadas en códigos y leyes; se requiere fundamentalmente predictibilidad sobre la forma y oportunidad en que van a ser aplicadas por cortes y autoridades. La seguridad jurídica es cuestión de derecho vivo, donde juega rol fundamental un sistema judicial eficiente, e independiente del poder político, del poder económico, del poder mediático o del populismo judicial ¿Capito?