Carlos Sánchez Berzain
Miami, Estados Unidos
En un artículo anterior (DIARIO LAS AMÉRICAS de julio 26-2013) comenzamos la descripción de las presiones que los gobiernos del socialismo del siglo XXI –que se han consolidado como dictaduras con apariencia de democracias- realizan en la comunidad internacional para lograr, por menos hasta ahora, que las democracias de las Américas y del mundo toleren, acepten, negocien y hasta se disculpen con tales gobiernos que controlan bajo inspiración castrista el destino de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y ejercen gran influencia en Argentina y otros estados.
Además de las presiones que generan alentando y financiando movilizaciones generalmente aceptadas como “populares”, de auspiciar y pagar candidaturas directamente alineadas, de controlar su propio y extenso aparato de prensa y del manejo político del petróleo de Venezuela a países compradores a cambio de votos y apoyo internacional, los gobiernos sostienen este proyecto y ejecutan acciones que, igual que las que sufren sus ciudadanos, conforman un verdadero sistema de presión y represión internacionales.
Los contratos comerciales de los Gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina con estados democráticos o con empresas de esos estados que tengan inversiones en los países no democráticos son una herramienta usada con resultados extraordinarios. La amenaza de nacionalizaciones, o una vez producida la nacionalización, el paso siguiente de negociación de la indemnización y el pago de la misma, el incremento de impuestos y controles, la revisión de contratos, etc., han amarrado en muchas ocasiones las manos de gobiernos democráticos que para evitar conflictos dilatados priorizan la negociación y de esta manera terminan legitimando y hasta haciendo favores políticos a sus agresores. La presión es aún más eficiente cuando los gobiernos dictatoriales actúan coordinada y solidariamente, por ejemplo cuando el Gobierno de Venezuela presiona con las inversiones, negocios de intercambio o contratos de empresas o ciudadanos de un país vecino o europeo en su territorio para lograr una acción de dicho país a favor del Gobierno de Bolivia, Ecuador u otro; la acción inversa también se ha usado.
Como la regla de los buenos burócratas en las cancillerías y servicios exteriores de la mayoría de los estados (cargada además de sabiduría) es “cuantos menos problemas mejor”, la estrategia de los gobiernos dictatoriales del socialismo del siglo XXI es precisamente la contraria y se los ve permanentemente dedicados a crear problemas y/o a magnificar los incidentes que se puedan presentar, que de otra manera hubieran sido sólo eso, incidencias en las relaciones, pero que convierten reiteradamente en asuntos de Estado. Cuando se presenta un problema causado por alguno de los gobernantes dictatoriales, la mejor manera de que pase pronto resulta en la aparición oportuna de otro inconveniente en el que pueda usarse el discurso antiimperialista y que afecte a los gobiernos en cuyo sistema democrático la opinión pública o el control de poderes pueda resultar una molestia para el Gobierno.
Existen también mecanismos criminales como puede ser el secuestro o retención de personas cuya oportuna liberación permita obtener luego alguna ventaja política para los gobiernos de los países dictatoriales. Por ejemplo, el caso de secuestro de turistas extranjeros por la guerrilla para luego liberarlos, o la retención de profesionales o técnicos con acusaciones descabelladas manejadas por el sistema de represión judicial que los dictadores han creado a su servicio. Los ejemplos tienen nombres y la gente los conoce.
El asunto es que incluso en el ámbito de las relaciones internacionales, las dictaduras del socialismo del siglo XXI pueden hacer lo que quieran, lo que sea necesario o conveniente a sus intereses, sin limitación moral ni legal alguna, porque como dictaduras que son, con gobernantes como Castro, Chávez, Maduro, Morales, Correa, Ortega… que están por encima de la ley y que han destrozado el Estado de Derecho, no tienen ningún control o mecanismo de rendición de cuentas…. ¿Si esto no es dictadura cómo se puede llamar?
* Carlos Sánchez Berzaín ha sido ministro y legislador boliviano. Actualmente preside el Instituto Internacional por la Democracia.