Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
La Administración Obama comienza a dar marcha atrás en al menos dos de sus políticas que comprometen seriamente las libertades públicas, especialmente la libertad de expresión, y que estaban empañando seriamente su imagen. Que cuán efectivas sean para reparar el daño ocasionado está por verse. Pero al menos ha dado señales de rectificación.
Como se recordará semanas atrás se descubrió que los registros de los correos electrónicos y llamadas telefónicas de reporteros de la Associated Press (AP) habían sido intervenidos por la Fiscalía, sin conocimiento de la AP, para obtener pruebas dentro de juicios que estaba siguiéndoles a exfuncionarios públicos por filtraciones de información clasificada.
La reacción de la sociedad civil, desde la izquierda a la derecha, fue dura contra estas tácticas, y ambos partidos políticos, el Demócrata y el Republicano, protestaron enérgicamente; el Congreso resolvió abrir una investigación. (Debe recordarse que en casi todos los países democráticos la Legislatura es independiente del Ejecutivo, aun cuando el partido que controla este último tenga mayoría en aquella).
Así, el pasado viernes, el Departamento de Justicia emitió las “guidelines” (guías) sobre las nuevas políticas de la Fiscalía en esta área. Las nuevas reglas del juego constituyen ciertamente un viraje sustancial. El FBI no podrá ya caracterizar a los periodistas que publican información clasificada, y que les ha sido filtrada por funcionarios del gobierno, como cómplices de la infracción que cometen dichos funcionarios. El acceso a las fuentes periodísticas será mucho más complicado con un previo anuncio y un posible proceso judicial de por medio. La Fiscalía procurará obtener pruebas por otras vías que no afecten a periodistas.
Pero más importante, la Fiscalía se abstendrá de usar la vía penal para sancionar a los responsables de la divulgación de información clasificada, y se preferirá recurrir a las sanciones administrativas y civiles, y no a las penales –contrario a lo que sucede acá–. Las nuevas guías fueron producto de reuniones con organizaciones periodísticas, expertos en la Primera Enmienda y magistrados retirados.
James Risen, experiodista del New York Times que está encausado para que confirme que la fuente que le dio información clasificada con la que escribió un libro sobre Yemen fue Jeffrey Sterling, un exagente de la CIA que ha sido acusado penalmente por ello –un caso que ha despertado alarma y que probablemente llegue a la Corte Suprema–, ha solicitado al procurador que le sean aplicadas a él las nuevas reglas. Risen está arriesgando ser declarado en desacato e ir a prisión.
El otro paso ha sido el anuncio de Obama de revisar el programa de vigilancia de comunicaciones que el excontratista de la CIA Edward Snowden reveló a la prensa; divulgación por la que estaría preso en nuestro país. Obama ofreció reformar la corte secreta que aprueba los pedidos de intervención, así como la “Patriotic Act”. Pero no hubo propuestas concretas.
Probablemente la iniciativa reformadora en esta área venga del Congreso, que también ha expresado su inconformidad y que, como decíamos antes, es independiente del Ejecutivo.
* El texto de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en El Universo.