Héctor Yépez
Guayaquil, Ecuador
Ya aclararon que la afiliación no es obligatoria. Ya renunció Corcho Cordero. Ya incluso derogaron la polémica resolución 464, que pretendió forzar a los trabajadores independientes del país a aportar la quinta parte de su ingreso al IESS. Pero aún no se discute seriamente —y, por ello, aún está lejos de resolverse— el grave problema que atraviesa nuestro sistema de seguridad social.
El hazmerreír de la “afiliación voluntaria obligatoria” es, de por sí, elocuente para demostrar la falta de seriedad con que los políticos de hoy administran los más de 5800 millones de dólares que el IESS genera por los aportes mensuales de 2.8 millones de ecuatorianos. No puede ser que el fruto de nuestro trabajo esté a merced del humor político y el cálculo electoral. Hablemos de cifras: si en enero el IESS consideró indispensable un aporte de 20,6% del ingreso de cada afiliado para asegurar a los trabajadores autónomos, ¿cómo es que ahora ese aporte ya no hace falta para cubrir exactamente lo mismo? ¿Cuál fue el estudio financiero para tan diametral cambio de opinión? Una de dos: o bien el 20,6% era un robo descarado a los subempleados y profesionales del país, o bien ahora hacen demagogia para revertir un escándalo político, con el riesgo de no poder costear las obligaciones que asume el seguro.
Esta cantinflada, sin embargo, es producto de un esquema más amplio, donde sistemáticamente el Gobierno mete la mano en el bolsillo del seguro social y éste, a su vez, mete la mano en el bolsillo de los afiliados para salvar un sistema que parece insostenible. Los fondos del seguro, que exclusivamente deberían servir para garantizar la salud y jubilación de los trabajadores, en realidad fungen de caja chica para los gastos del Estado central. En abril del 2012, el gobierno pagó alrededor del 85% de una deuda de 1.5 millones de dólares al IESS con bonos del Estado, es decir, ¡pagaron deuda con más deuda! Hoy el IESS debe decenas de millones de dólares a varias clínicas privadas por servicios ya prestados. El último estudio actuarial de 2010 pronostica un déficit de 2 613 millones de dólares solo para atención en salud en el 2020. Así, nuestras aportaciones pasan a utilizarse como verdaderos impuestos que engrosan el elefante general del Estado, arriesgando el destino de un ahorro que, mes a mes, sacrifican millones de trabajadores ecuatorianos.
El problema no surge en este régimen —que lo ha mantenido a pesar de vivir en una excepcional bonanza económica—, sino en el modelo mismo del seguro social, que funciona como un sistema de reparto donde los pensionistas son financiados por los aportantes de hoy y no por el ahorro que han generado a lo largo de su vida laboral. Donde no existe correlación sincera entre el esfuerzo del trabajador y la jubilación al final de su vida. Donde el aumento de la vida promedio del ecuatoriano, que es un indicador socialmente deseable, se vuelve un riesgo para la sostenibilidad del seguro social: si los jubilados cobran más que el aporte de los afiliados actuales, el sistema colapsa. Y donde existe un juego perverso de incentivos: los demagogos de hoy pueden manipular las pensiones de los jubilados de mañana, sin pagar ningún costo político por ello, puesto que sus decisiones pasan factura cuando ya no están en el poder. Se trata de un esquema donde el esfuerzo personal de los ciudadanos queda en manos del azar, de los cambios en la población, de los vaivenes económicos y de las ofertas electoreras de los políticos.
Ahora bien, ¿hay alternativas de solución?
En cuanto a los afiliados sin relación de dependencia, hemos pasado de un absurdo a otro. Era inaceptable exigir a todo trabajador autónomo —el informal, el taxista, la tendera, la peluquera, el comerciante de la bahía y los subempleados que abarcan el 52,49% del Ecuador— ceder la quinta parte de su ingreso para tener seguro social. Eso franquea una barrera económica que precisamente excluye a muchos de quienes no pueden acceder a un seguro privado. Pero es también inaceptable lo que recién volvieron a firmar: que el gerente de una empresa o un profesional, que ganan 4 mil dólares o más, tengan todos los beneficios del IESS pagando alrededor de 70 dólares sobre un salario mínimo irreal.
¿Qué hacer? Primero, transparentar el ingreso de cada afiliado como base para la aportación. Es lo que exige la ética. Segundo, analizar mecanismos para que el seguro social sea accesible a todos y se cumpla la promesa de universalidad que reza en la Constitución. Una opción sería explorar que se aporte en solo uno de los rubros de cobertura. Por ejemplo, si la prioridad es garantizar la salud a la mayor cantidad de ecuatorianos, se puede permitir que algunos elijan pagar el 5% que corresponde a ese rubro y no a los demás que comprenden cesantía, jubilación, etc. Así se reduciría la aportación sin mentir sobre los ingresos. Otra alternativa sería fijar aportaciones diferenciadas según el bolsillo del afiliado, de modo que quien tenga menos pague menos, incluyendo la posibilidad de que el Estado subsidie la pensión de algunas personas más vulnerables. Y, por supuesto, la mejor manera de aumentar los afiliados, sin subsidios ni limitaciones, es la vieja receta de aumentar el empleo pleno, con una política económica que estimule la inversión y cambie la situación actual que, hoy por hoy, condena a la informalidad a más de la mitad de los trabajadores de nuestro país.
En cuanto al modelo de fondo, en Ecuador debemos explorar alternativas globales a la seguridad social. Podríamos estudiar el sistema de capitalización individual, un genial invento chileno que se aplica en países tan diversos como Perú, Uruguay, Australia, Suecia y Hong Kong. Este sistema cambia las premisas del actual modelo de reparto. Hoy todos los aportes del IESS van a un mismo saco, donde el afiliado no sabe cómo se invierte su cuota particular. En cambio, el sistema de capitalización individual permite al trabajador tener un ahorro personalizado para su vejez, que se invierte con transparencia, parámetros estrictos, vigilancia estatal… y sin injerencia política. Los fondos individuales de cada trabajador, convertido en capitalista, suman un enorme ahorro que no maquilla las cifras rojas de los gobiernos, sino que dinamiza la economía nacional, asegura la soberanía financiera de la nación y constituye un motor envidiable para el crecimiento, como sugiere la experiencia de países que lo han aplicado exitosamente.
Sea con las ideas aquí esbozadas u otras, lo importante es abrir una amplia discusión nacional que parta por reconocer que el sistema actual, en este régimen y los anteriores, jamás ha funcionado. Ojalá, entonces, los recientes escándalos no se queden en el debate superficial sobre las piruetas lingüísticas del Corcho, ni se limiten a entrever las intrigas de quienes han manejado el IESS y hoy pretenden competir por el botín de Alianza País, sino que nos lleven a reflexionar sobre lo esencial: cómo hacer que el seguro social sea realmente universal, protegiendo a los sectores más frágiles de nuestra población, y cómo migrar a un modelo donde nuestros aportes brinden salud y garanticen una jubilación digna, a salvo de las garras de los políticos.
* Héctor Yépez Martínez es defensor de derechos humanos y militante de SUMA.