Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Una nueva reforma legal parece que va a ser necesaria para poner en vereda a ciertos cobradores de entidades públicas con coactiva, principalmente del sistema financiero, quienes hasta ahora se pavonean impunemente mientras siguen pisoteando elementales derechos de quienes nada deben a esas instituciones, pero que por desgracia son parientes de los dueños, o incluso accionistas minoritarios.
Debe recordarse que desde septiembre de 2012 la Ley de Defensa de los Derechos Laborales permite, en los casos de sociedades que deben al Estado, levantar el llamado velo societario y cobrar a los accionistas, con la condición inexcusable de que la compañía hubiese sido «usada para defraudar». Pero ciertos empleados recaudadores la aplicaban como si dijese que cualquier accionista siempre responde por esas deudas, sin molestarse siquiera en explicar cuál habría sido el fraude. No es broma, uno hasta dijo la ramplonería de que los accionistas responden «objetivamente» (es decir siempre) por las deudas sociales.
El primer intento de poner coto a semejante brutalidad fue una reforma a la Ley de Compañías, de mayo de 2014, que advirtió que el velo societario solo puede levantarse por jueces de lo civil en caso de que se produzcan anomalías graves, como ser «mero recurso para evadir alguna exigencia o prohibición legal, mediante simulación o fraude a la ley, o por cualquier otro medio semejante…», o cuando las actividades realizadas son solo instrumentos «para encubrir la consecución de fines ajenos a la compañía» (art. 98 y art. 144). Sin embargo, resultó estéril la reforma pues los tales empleados recaudadores siguen haciendo exactamente lo mismo que antes, sin que nadie haya podido frenarlos, pese a quejas de altísimo nivel oficial, que ha habido.
Llega entonces el segundo intento legislativo. En el proyecto del Código General de Procesos se propone eliminar que pueda levantarse el velo de las sociedades deudoras del Estado, usadas para defraudar, salvo en materia laboral (disposición reformatoria décimo novena). Se perjudicará así al Estado, privándolo de una valiosa herramienta para cobrar a deudores tramposos, cuando más sencillo es despedir a la escoria.