Carlos Sánchez Berzaín
Miami, Estados Unidos
El triunfo opositor sobre Evo Morales y su Gobierno en las elecciones de gobernaciones y alcaldías de Bolivia, indica que el fraude electoral y la corrupción no son suficientes, que la dictadura pierde en sus elecciones sin democracia. Lo que ahora viene, es la concentración de la fuerza del Gobierno en la imagen del caudillo cocalero, el reclutamiento forzado, la neutralización y/o la liquidación de los líderes emergentes. La derrota de Morales, lo hace más peligroso para los alcaldes y gobernadores que le han ganado la elección.
El domingo pasado los bolivianos votaron para elegir nueve gobernadores, 339 alcaldes, más de 270 asambleístas departamentales y casi 1.800 concejales. Evo Morales, seleccionó, designó, vetó, aprobó y proclamó sus candidatos, financió y organizó el aparato electoral desde el Estado, puso a todo el Gobierno al servicio de sus delfines y personalmente lideró la campaña electoral.
Todas las elecciones que se hacen ahora en Bolivia están montadas sobre el control absoluto que el Gobierno tiene del proceso electoral. El fraude está diseñado e institucionalizado para que los candidatos oficialistas ganen. Es el sistema de «dictaduras electoralizadas» en que, en Bolivia y en los países del socialismo del siglo XXI, el régimen controla desde la identificación de los ciudadanos, el registro, la zonificación, las leyes y los órganos electorales, los gastos, la propaganda, los jueces e incluso los observadores internacionales. Manipulan los resultados con el mismo sistema venezolano que le dio ilegal e ilegítimamente el Gobierno a Nicolás Maduro.
En ejercicio del fraude institucionalizado excluyen a los candidatos de oposición que pueden resultar peligrosos, como sucedió en Bolivia donde cinco días antes de las elecciones el «Tribunal Supremo Electoral» de Morales inhabilitó 228 candidatos opositores, y además «canceló la personería de Unidad Demócrata», impidiendo la elección del seguro ganador de la gobernación del Beni.
En la campaña que Evo Morales hizo para sus candidatos, el mensaje principal fue que «en las regiones o municipios donde ganen los opositores no habrán recursos y ni Evo ni el Gobierno trabajarán en las obras regionales y departamentales». Todos los funcionarios del régimen repitieron esta «coacción» convertida en «mensaje de campaña» que muestra al desnudo como no existen en Bolivia «elecciones libres, justas y basadas en el voto universal y secreto». Es un sistema en que el partido oficialista es el Estado y el Estado es del caudillo.
Pese al fraude y a la coacción, Morales fue derrotado, perdiendo la mayoría de las principales alcaldías y de las gobernaciones. Se justificó confesando que «el pueblo ha dado el voto de castigo a la corrupción», o sea a sus candidatos, a su Gobierno, al propio Evo Morales. Aunque el pueblo boliviano y la opinión pública internacional ya sospechaban y denunciaban esto, es patética tan contundente confesión del jefe de la corrupción.
Ahora concentrarán todo el proceso en Evo Morales, como imprescindible e insustituible y no tardarán en promover y aprobar la «reelección presidencial indefinida». Con el discurso de la corrupción ejecutarán la purga de sus candidatos perdedores. Sobre los opositores que les han ganado, incrementarán el nivel de peligrosidad del régimen que procederá contra ellos para reclutarlos forzosamente, para amedrentarlos, o para anular su liderazgo (como sucedió con los seis gobernadores opositores del 2008, de los que tres están coaccionados, dos exiliados y uno preso, luego de masacres, corrupción judicial, asesinato de la reputación, extorsiones, centenas de presos políticos y exiliados y persecuciones que aún persisten).
La emergencia de nuevos líderes locales y regionales en Bolivia, su valentía, apego a la libertad y valores democráticos, han demostrado que aún con fraude, coacción y corrupción, Evo Morales y su régimen pueden ser combatidos y puestos en evidencia. Lo sucedido es un llamado a que los gobiernos y fuerzas democráticas de las Américas y del mundo, se interesen en cuidar a los líderes emergentes para que no sean agregados a la larga lista de víctimas de la dictadura del socialismo del siglo XXI en Bolivia, que yacen muertos, perseguidos, presos y exiliados.