Víctor Cabezas
Quito, Ecuador
Este artículo no pretende atacar el financiamiento ni los compromisos políticos que la ONG Freedom House pueda tener, vamos al fondo del informe que ha emitido sobre la libertad de prensa en Ecuador. A menudo se incurre en un grave error cuando se usa indistintamente los conceptos de libertad de expresión y libertad de prensa. La primera es una libertad civil cuyo titular es el ciudadano, la segunda es una libertad aplicable a las empresas y al gremio periodístico.
El derecho a la comunicación resulta fundamental para la calidad democrática y el avance hacia un verdadero estado de derecho, la libertad de expresión está contenida y garantizada en nuestra Constitución y en la mayoría de tratados internacionales de derechos humanos. Nadie lo discute, es deber del Estado garantizar que todos los ciudadanos puedan difundir, contrariar y discernir opiniones con plena libertad y con limitaciones muy específicas y determinadas por ley. Sin duda, una prensa que pueda ejercer sus funciones críticas es fundamental para la democracia y la plena vigencia de las libertades civiles, sin embargo, la equiparación libertad de prensa=libertad de expresión es equívoca, es maniquea. Y es precisamente en este punto donde discrepo con Freedom House que a lo largo de su informe confunde los dos conceptos o se los utiliza indistintamente.
Hablemos sobre la metodología usada para etiquetar a Ecuador como un paaís “sin libertad de prensa”. Del informe de Freedom House –en su capítulo sobre metodología- se desprende que una empresa consultora basada en Nueva York se encarga de recoger información estadística de “contactos profesionales de una variedad de países, visitantes internacionales, organizaciones de libertad de prensa, organismos multilaterales, gremios de periodistas, entre otras”. Estas organizaciones emiten una opinión sobre una serie de preguntas que Freedom House envía, los criterios e hipótesis de las preguntas están basadas en los principios del Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo referente a la libertad de expresión, no a la libertad de prensa. Ahora, sobre las preguntas que fueron enviadas les propongo hablar de cuatro que me preocupan particularmente:
- ¿La constitución u otras leyes contienen garantías de protección a la libertad de prensa y de expresión? Estamos frente a una pregunta compuesta que genera, inevitablemente, una manipulación y una inducción a una respuesta determinada. Puede ser que un Estado proteja la libertad de expresión de los ciudadanos pero contenga limitaciones para el ejercicio de la libertad de prensa de los medios de comunicación. Sin embargo la estructura de la pregunta equipara los conceptos y de esta manera induce anticipadamente a una respuesta falaz.
- ¿Pueden los individuos o las empresas establecer y operar legalmente medios de comunicación privados sin interferencia? Es una pregunta válida pero parte de una postura ideológica de corte liberal. ¿Por qué los medios de comunicación deberían estar exentos de regulación por parte del Estado? Si los medios son en el fondo empresas que generan réditos y que más allá de eso garantizan un derecho humano, ¿no es legítimo que el Estado genere un marco de regulación? Bien comprendida, la libertad de prensa requiere que las empresas de medios estén libres de control gubernamental, pero no que estén libres de regulación.
- La última pregunta es quizás la más preocupante pues refleja un sesgo presente en todo el informe. ¿La propiedad de los medios es altamente concentrada y esto influye en la diversidad de su contenido? Primero, si bien la concentración de medios puede venir del Estado, también puede venir de actores privados. Sobre este punto y .-a riesgo de caer en el absurdo de justificar nuestras falencias con las falencias de las élites- sorprende que Estados Unidos sea un país que de acuerdo al informe tenga altos estándares de libertad de prensa, cuando las últimas cifras extraoficiales advierten que 6 empresas controlan el 90% de los periódicos, canales, radios y portales web de alcance masivo, constituyendo el mayor estado de concentración de medios en grupos empresariales.
No pretendo atacar la totalidad del informe de Freedom House, sin embargo considero importante realzar mi preocupación a cerca de la metodología que ha etiquetado a Ecuador como un país sin libertad de prensa. Me preocupa especialmente porque estas etiquetas que se admiten sin disquisiciones, generan discursos hegemónicos y a la larga degeneran en peligrosos engaños sociales.