El sistema en el que ese sentido fundamental no se respeta para absolutamente todos sus miembros, no es democracia.
Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín fueron detenidos arbitrariamente por efectivos militares el 10 de noviembre de 1985, mientras se dirigían a la tercera conferencia de ‘Alfaro Vive Carajo’ (AVC). Al día siguiente fueron traslados al Batallón de Inteligencia Militar, a las afueras de Quito, en donde durante dos semanas fueron torturados, incomunicados y donde la mujer fue víctima de violencia sexual.
El pasado lunes 9 de noviembre, pese a la presencia de las víctimas, de la mayoría de los testigos y de cuatro de los cinco imputados, la jueza nacional Sylvia Sánchez suspendió la audiencia de juicio por Crímenes de Lesa Humanidad en virtud de la ausencia del quinto acusado, que alegó estar hospitalizado. La suspensión se dio a pesar de que las normas procesales permitían que el juicio se instale para los acusados que estaban presentes y que se suspendiera para el ausente.
La fallida audiencia, sin embargo, dio mucho de qué hablar. Repletos de medallas y con las botas recién sacadas brillo llegaron los generales del Alto Mando de las Fuerzas Armadas: fueron a respaldar a los acusados. Entraron cabreados, casi pateando al gato, mirando con arrogante desprecio a todo el que no llevara uniforme ni se cuadrara para saludarles. Lo hicieron sin el conocimiento ni el permiso del Ministro de Defensa Nacional. Ellos, que en teoría son obedientes y no deliberantes, fueron a defender una supuesta postura institucional que, de existir, respaldaría horrendas violaciones a los Derechos Humanos. Conducta, sin duda, preocupante y peligrosa.
Este proceso nos ha exacerbado. Pienso, en todo caso, que el país merece un baño de verdad. Hay que decir que en 1983 los militantes de ‘Alfaro Vive Carajo’ no se levantaron contra una dictadura, lo hicieron contra un gobierno democrático elegido en las urnas. Hay que decir que cometieron delitos de terrible gravedad: asesinatos, secuestros, robos, etcétera. Hay que decir que optaron por la violencia.
El gran problema es que en muchos casos los militares y policías que combatieron la subversión aplicaron métodos brutales en contra de la más elemental noción de dignidad humana. Con los años, para justificar las torturas, las violaciones sexuales y las desapariciones forzadas, se ha mitificado y descontextualizado lo que fue el combate contra ‘Alfaro Vive Carajo’. Para muchos ecuatorianos los miembros de las Fuerzas Armadas de esa época son los héroes que salvaron al Ecuador de un terrorismo comparable al de Al Qaeda o del Estado Islámico, cuando en realidad algunos de ellos aplicaron nefastos métodos para causar sufrimiento físico y dolorosos traumas en la memoria. El Estado no podía caer en procedimientos criminales para combatir el crimen.
No niego que era una responsabilidad del Estado aplacar la subversión. Se habían levantado en armas y eso es incontrovertible. Pero hubo excesos, algunos de los cuales son inadmisibles. En aquellos tiempos –y existen suficientes elementos probatorios para así afirmarlo– se instaló un aparato represor que, de modo sistemático, vulneró la integridad de algunos seres humanos por parte de agentes del Estado al margen de la Ley. El sistema existió y de ahí viene el carácter de ataque sistemático a población civil, por el cual se configura el Crimen de Lesa Humanidad al tenor del Derecho Penal Internacional y no un simple abuso de fuerza. El tipo penal en cuestión, que por cierto es imprescriptible, requiere sistematicidad o generalidad, no la concurrencia de las dos características como sugirió el aspirante a abogado Paco Moncayo. Además, los tres militantes de AVC estaban desarmados en el momento de su detención ilegal y su posterior desaparición forzada: es decir, eran civiles. Prueba de que el sistema existió en esa época es el caso de los hermanos Restrepo. ¿Los recuerdan?
Creo firmemente que lo correcto habría sido detenerlos, procesarlos penalmente ante juez competente, concederles el derecho a un abogado y condenarlos por sus crímenes. No hacía falta aplicar métodos de tortura diseñados por el manual Kubark de la CIA ni agredirlos sexualmente. Si no somos capaces de reconocer esos derechos fundamentales a quienes han cometido crímenes, no merecemos un sistema democrático.
Los cinco militares acusados no están siendo juzgados por cumplir su deber, su deber no era violar los Derechos Humanos. Si son o no culpables, será una conclusión que sólo puede ser resultado del juicio que intentan sabotear. Este episodio, sin embargo, ha servido para que la sociedad ecuatoriana ponga a prueba su compromiso con los Derechos Humanos. Todos sacamos nuestros rostros reales. Ya salió, por ejemplo, Guillermo Lasso a felicitar la presencia del Alto Mando en la audiencia del 9 de noviembre. No es la primera vez que comete desatinos, pero esta penosa declaración es estrepitosamente silvestre: de hecho, lo descalifica moralmente para aspirar a cualquier cargo de elección popular, no se diga a la presidencia de la República. Lo que se espera de un estadista es que esté comprometido con los Derechos Humanos, no con las brutales fuerzas represoras. Es desolador para el Ecuador que quien se proyecta como alternativa al autoritarismo carezca de esa esencial consciencia democrática y de memoria histórica.
Susana Cajas y Javier Jarrín fueron desaparecidos durante dos semanas. Su detención se dio en un contexto en el que estaban desarmados. Luego fueron procesados y absueltos por falta de pruebas. Luis Vaca fue desaparecido durante 3 años, tiempo en el cual el Estado le negó su existencia a la madre que lo parió: llegaron incluso a borrar los datos de Vaca en el Registro Civil.
Walter Benjamin, ese genio de la filosofía, escribió: “La historia no es sólo una historia de los triunfadores, los dominadores, los supervivientes, es primariamente la historia del sufrimiento del mundo”. El Ecuador ha reaccionado primariamente y sin madurez a un proceso penal que lo único que busca es esclarecer la verdad de los hechos. Y en esto no puede haber banderas partidistas. Los actos horrendos que aquí se cometieron no pueden ser borrados con fétidas botas militares o discursos políticos superfluos. Esos actos atroces son parte de nuestra memoria histórica. Pregonar el olvido es tarea irresponsable y cobarde.
Muchos de los ex militantes de ‘Alfaro Vive Carajo’ fueron procesados y condenados por sus actos. Hay unos pocos que han sostenido una posición digna y sensata ante la historia, aceptando sus responsabilidades. Hay otros que, prostituyendo sus propios sueños, entregaron la espada de Alfaro a la peor pesadilla autoritaria de nuestra histórica democrática y aceptaron cargos públicos y homenajes obscenos e inapropiados para legitimar la farsa. Jamás estaré de acuerdo con sus actos, pero tampoco admitiré que se les obstruya –a ellos o a cualquier persona– su derecho de acceso a la justicia. No asisto diariamente a estudiar en una Facultad de Jurisprudencia para justificar violaciones a los Derechos Humanos con eufemismos políticos. El país merece que la audiencia de juicio se convoque y se desarrolle legalmente para establecer la verdad. El país merece que no se nos impida, a todos los ecuatorianos, nuestro sagrado derecho a la memoria histórica.