Pues bien, frases de este tipo parecen presuponer dos cosas: (1) que la crisis, cuya naturaleza es, según verbo oficial, “no-académica” (lo que sea que eso signifique), esta misma “crisis”, iba a golpear al país en cualquier caso, de modo indefectible y sin que pudiéramos hacer algo para evitarla o morigerarla suficientemente; y, (2) que el hecho de que tengamos carreteras, hidroeléctricas, etc. hace que la crisis sea más vividera. Esto frente a la alternativa que, al parecer, se tenía; es decir, el uso de los tan denostados “fonditos” (de ahorro para los períodos de “vacas flacas”), propios de una concepción (supuestamente) ortodoxa.
Supongamos que esto sea efectivamente así: que los “fonditos” sean una cosa indeseable y que, en cambio, el gasto público así realizado sea, siempre, una cosa deseable, tal de poder afirmar que es preferible afrontar una crisis (no-académica) con carreteras e hidroeléctricas (las que hasta ahora funcionan), aeropuertos (los que operan normalmente), y así por el estilo, y no con “fonditos”; es decir, no con algo de dinero ahorrado para hacer frente a la (supuesta) crisis. Ahora, de ser esto así, aun quedaría un interrogante que debería ser, según me parece, aclarado: ¿en qué se ha gastado el dinero de estos años de bonanza y cómo? Cuando pongo este interrogante no espero respuestas del tipo: «en carreteras, hidroeléctricas, etc., etc…» (esto ya se sabe), sino algo más bien detallado, algo que permita juzgar de alguna manera la calidad y la necesidad del gasto público efectuado y las razones por las que era preferible gastarlo así y no, por ejemplo, ahorrarlo. Respondiendo a tal pregunta, se debería responder también a una relacionada: ¿cuánto de ese gasto corresponde a la deuda contraída y cómo se piensa que se podrán afrontar tales acreencias de tal modo que la crisis no se extienda a lo largo de los años, sino que se aplaque?
Si estos cuestionamientos resultan oportunos, entonces debería indicarse exactamente cuánto costó, en promedio, el kilómetro de carretera (ojalá de cada carretera construida), y compararse con los costos promedio de otros países. Asimismo, debería señalarse cuál es el costo promedio de las construcciones realizadas, sean hidroeléctricas, aeropuertos, refinerías, etc., y compararse con otras similares; de modo de establecer que no ha sido, en caso alguno, excesivo. Una vez hecho esto, debería demostrarse la necesidad de tales gastos, de manera que se justifique, por ejemplo, la existencia de un aeropuerto en el Tena, de otro en Santa Rosa, de la Refinería del Pacífico, etc. O bien, que se justifique la razón por la que era preferible gastar un número “x” de dinero en tales proyectos y no, por ejemplo, ahorrarlo o destinarlo a otros fines. Lo mismo vale para cada caso posible, siempre que se encuentre (de ser el caso, obviamente) que existe algún precio excesivo en una obra, o que la necesidad de alguna de ellas no resulta justificada. Si es ese el caso, se deberían hacer unas cuantas sumas y calcular cuánto de lo que se ha gastado podría haber sido ahorrado o mejor gastado.
Además, según creo, la justificación debería alcanzar otros niveles (siempre con el detalle que he sugerido más arriba); me refiero específicamente a la necesidad de ciertas entidades públicas, a la necesidad de un cierto número de empleados públicos, de la cantidad de gasto en rendiciones de cuentas, etc. Por ejemplo, debería analizarse si resulta realmente necesario tener algo como una Subsecretaría del Buen Vivir, una Superintendencia de Comunicación, unos ministerios coordinadores, etc., o si el número de empleados públicos que trabaja en ellas —y en los demás órganos del Estado— se justifica (si es estrictamente necesario, o si, más bien, algunos puestos públicos podrían ser prescindibles). Vale lo mismo para lo gastado en rendiciones de cuentas o eventos de ese tipo (¿eran todos esos gastos, en esos específicos montos, necesarios (o podían destinarse a mejores fines)?). Habría que hacer, de ser así, otros cálculos más para llegar al total de lo que se pudo haber ahorrado o gastado mejor.
De no ser este el caso, de resultar que todo lo gastado en infraestructura o en burocracia estuvo bien gastado: de resultar que el precio promedio de las obras realizadas no aparece en caso alguno como excesivo, que ninguna de tales obras pudo haber sido postergada o evitada, que cada uno de los ministerios o entidades públicas (y su número, y lo que cada una gasta) es, y ha sido desde el inicio, necesario, así como el número de los servidores públicos y lo que cobran, entonces, sólo entonces, se tendrá una excusa consistente para denostar con toda la autoridad a los “fonditos”. Si se llegara a determinar, en cambio, que se pudo haber gastado mejor (o ahorrado algo, quizás bastante), entonces la frase «…pero tenemos carreteras» (y lo que le sigue) tendrá que ser tomada como una simple y bastante gastada muletilla.