Giuseppe Cabrera V.
Ambato, Ecuador
La mal llamada generación NINI, erróneamente denominada así pues agrupa a los jóvenes bajo una misma generalidad sin entender la variedad de circunstancias que han puesto a dichos jóvenes en esa situación, Ni estudian Ni trabajan. Una forma de pensar, que coloca a esta problemática como una consecuencia generacional y de carácter psicológico de un grupo social y no como lo que a una visión crítica resulta ser producto de fenómenos socio-políticos, que debería ser tratado en la esfera de la acción pública a través de políticas integrales que den solución a este fenómeno cada vez más frecuente en las sociedades latinoamericanas.
Los datos que se tienen resultan alarmantes, según un estudio publicado en 2014, denominado Panorama Social de América Latina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, “cerca de 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de la región, 22% del total, no estudian ni tienen un empleo remunerado, según datos de 2012”. Lo que resulta una consecuencia de la forma de gobernanza en América Latina muy similar entre los estados de la región, que se han preocupado de solucionar diferentes necesidades de infraestructura en sus territorios, dejando postergada la atención a la educación y el acceso al empleo, que son las bases fundamentales en la construcción de una justicia social incluyente y universal.
Sistemas educativos estatales, donde cada vez resulta más complejo el ingresar y que no toma en cuenta las realidades sociales ni económicas de la juventud deseosa de conocimiento. Por citar un ejemplo en Ecuador cerca de 500.000 jóvenes no han ingresado a las universidades en 3 años según afirma la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y citando datos oficiales según el INEC, la tasa de matriculación universitaria pasó del 30,1% en 2011, año en que empezaron a tomarse las pruebas de ingreso, a 26,6% en el año 2013, haciendo cada vez más categorizado el ingreso a la educación superior y forzando aquellos que no tienen recursos, a ingresar a universidades privadas, que no pueden pagar, para no perder sus estudios universitarios.
En el campo laboral, el panorama no resulta más alentador. En América Latina casi ocho millones de jóvenes no encuentran empleo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Acorde a datos de la misma entidad 27 millones de jóvenes que han conseguido trabajo lo hacen de manera irregular en América Latina y el Caribe y de las plazas de trabajo que se encuentran en el mercado laboral para los jóvenes en Latinoamérica, 6 de cada 10, son en condiciones de informalidad, que significa el no tener acceso a estabilidad laboral, seguridad social, salarios dignos, ni derechos laborales reconocidos en su totalidad.
Ante esta realidad, es claro que tanto las entidades públicas como privadas, deben ser los motores generadores de este cambio necesario y urgente, pero un énfasis especial se demanda por parte del Estado, que debe desarrollar y motivar a todos quienes integran la sociedad, para que sea una mejora colectiva, a través de políticas públicas que mejoren el sistema educativo, haciéndolo incluyente, universal y acorde a las realidades sociales y económicas de los estudiantes secundarios que están por ingresar a los centros de estudio universitarios.
De igual forma crear a través del sector privado, el acceso justo al primer empleo, que beneficie tanto a los generadores de trabajo, como a los jóvenes que buscan tener su primera oportunidad para ingresar al mundo laboral, la creación de convenios institucionales, entre universidades e instituciones públicas y privadas debe de ser otro de las acciones a ser tomadas en cuenta. De esta forma se garantiza a los estudiantes graduados, una opción laboral real al momento de culminar sus estudios, estas y otras tantas medidas deben ser realidades como prioridades estatales, para terminar con el fenómeno de los mal llamados jóvenes NINI y por lo que la generación de la juventud reclamará ahora y mañana, los espacios que no están siendo generados por quienes toman las decisiones en el ejercicio del poder actual.