Sabemos que con ella pocos juegan pero, aun así, hay quienes le ponen una etiqueta y el gobierno del Ecuador ya ha impreso la suya. El Estado comprara cientos de medicamentos que fabrican laboratorios ganadores de una reciente subasta inversa y llegarán a los Centros de Salud Pública del país el 1 de julio pese a que generan dudas de calidad en pacientes y médicos por varios motivos. Así, a un proceso sin garantías de selección podría seguirle uno sin garantías de vida. Eso, en un Estado gobernado por quienes pregonan poner al ser humano sobre el capital.
La excusa perfecta
La industria farmacéutica tiene un lobby sumamente poderoso que históricamente ha impedido que nuevos proveedores y productos ingresen al mercado con ofertas más innovadoras y económicas, accesibles a un mayor numero de pacientes. El Sistema Nacional de Contrataciones Publicas conoce esa realidad y se escuda en ella para inaugurar y defender un nuevo proceso de subasta pública para seleccionar proveedores de medicamentos. Según ellos, dicho proceso facilitó el ingreso de mejores ofertas y nuevos proveedores a un mercado antiguamente monopolizado, generando un ahorro que supera los cien millones de dólares. Sin embargo, ese proceso fue deficiente y su costo podría ser sumamente alto.
Una selección sin garantías
El proceso de selección de 355 medicamentos tiene garantías de calidad nulas. No se enfocó en la calidad de los productos sino en su costo, decantándose siempre por el más económico y no por el más efectivo. Tampoco solicitó a los concursantes presentar un registro sanitario para formar parte de la subasta, ni mucho menos informó cuales fueron los parámetros utilizados para certificar la calidad y eficacia de medicamentos que jamás han circulado en nuestro mercado. Todo aquello, en una materia en la que no cabe equivocarse.
Pacientes trasplantados, oncológicos y quienes padecen otras enfermedades catastróficas temen someterse a tratamientos con esos productos y no únicamente por las deficiencias en su proceso de selección, sino también en base a malas experiencias con otros medicamentos de sus fabricantes. Piden entonces al Ministerio de Salud información que disipe sus dudas, pero no reciben ninguna respuesta de instituciones cada vez menos democráticas y transparentes, y cada vez más indolentes. Así, lentamente el supuesto ahorro de unos les cuesta la vida a otros y enriquece a las nuevas elites farmacéuticas. Pronto sabremos quienes son los indolentes que cargan los bolsillos llenos y seremos nosotros quienes le pongan una etiqueta a la libertad en su vida.