¿El Estado o nosotros mismos? El eterno debate regresa a la esfera pública de nuestro país, pero esta vez se toma un lugar tan íntimo y privado como la sala de partos. La Ley para la Atención Humanizada del Embarazo, Parto y Posparto que entrará a primer debate en la Asamblea Nacional no permitirá que se practiquen cesáreas a mujeres sin que exista una justificación medica excepcional; es decir, de manera voluntaria.
Lo ideal vs lo real
Según la OMS, cada país debería tener una tasa ideal del 10% al 15% de partos por cesárea, puesto que ese procedimiento supone ciertos riesgos y debe realizarse preferiblemente cuando el parto natural se imposibilita. Son muy pocos los países cuyos números se adaptan a ese ideario y Ecuador no es uno de ellos. En nuestro país la realidad indica que más del 40% de los partos se realizan por cesárea. De acuerdo a la Presidenta de la Asamblea Nacional, ese alto porcentaje se atribuye a la influencia de los intereses “mercantilistas” de médicos que prefieren practicar cesáreas y no favorecer partos naturales sobre los pacientes. Sin embargo, el mismo proyecto que pretende librar a las mujeres y sus niños de posibles perjuicios económicos o físicos atados a intereses “mercantilistas” los deja a merced de un nuevo agente impositor: el Estado.
La mujer no decide
Para erradicar la elevada práctica de cesáreas, el proyecto de ley que discutirá el pleno ecuatoriano dispone que “el parto por cesárea se practicará excepcionalmente, cuando existan indicaciones medicas indispensables e ineludibles para la práctica de este procedimiento”. Los médicos que practiquen cesáreas también deberán elaborar un informe que justifique su uso desde un punto de vista clínico ante las autoridades sanitarias. Así, el médico ya no podrá operar por conveniencia pero la madre tampoco podrá elegir si someterse o no a una cirugía por antojo. Aquel, es un derecho que en la mayoría de países se respeta.
En Argentina, la tasa de cesáreas también es elevada, 30,9%, y pese a que en ese país se reconoce la importancia del parto humanizado (natural) con el objetivo de disminuir esa cifra, también se respeta el derecho de la mujer a decidir si quiere o no someterse a una intervención quirúrgica. Las leyes argentinas también disponen mecanismos para educar a los pacientes para que tomen conciencia sobre la importancia de evitar la cesárea innecesaria. Aquello, poco a poco rinde sus resultados. En Ecuador, se pretende lograr el mismo objetivo transitando el camino opuesto. Se burla el camino de la educación y se elige en cambio el de la imposición. Así, una vez más el Estado asume conocer mejor que nosotros mismos qué es lo que nos conviene y en lugar de instruirnos para permitir que seamos los ciudadanos quienes lleguemos a sus mismas conclusiones, prefieren imponerlas. Hasta en la sala de partos sientan claro precedente de que ya no nos pertenece a nosotros la autoría de aciertos o errores trascendentales en el país, ni siquiera en lo más íntimo de nuestras vidas.