Eso incluye a quienes, como el Banco Central, tienen cuentas en bancos panameños, y también a quienes con dinero legítimo han comprado un departamento o puesto un negocio. Que quede claro: los funcionarios ladrones con coimas parapetadas tras compañías no declaradas, las seguirán manteniendo ocultas. Lo de la consulta es para quienes de frente tienen bienes legítimos y declarados.
Para que se ejecute lo anterior, el 13 de marzo el presidente de la República envió a la Asamblea un proyecto de ley en el que propone que, para no incurrir en la aludida prohibición, los dignatarios o funcionarios del caso transfieran los bienes respectivos hasta el 6 de marzo de 2018, a propósito de lo que se ahonda la memez: “no se entenderá” efectuada la transferencia si es en favor de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o peor, si se la hace a nombre de un indefinido cajón de sastre con sonoro nombre para la galería, el de “terceros vinculados” (art. 2 del proyecto).
Nada de eso fue materia de la consulta popular, y debe ser excluido del proyecto.
Comencemos con los parientes: de frente se pretende impedir donar esos bienes a los hijos, discriminándolos respecto de los de otros funcionarios, quienes sí pueden donarles bienes en el exterior (si no están en paraísos fiscales, y la verdad no hay mucha diferencia entre tener un departamento en Panamá versus otro en Europa).
Lo de los “terceros vinculados” es peor. ¿Vinculados por causa de qué?, empiezo preguntando. El proyecto nada dice. ¿Se pretende prohibir que se los venda a un amigo? ¿Y a quién quieren que se los venda? ¿Al enemigo? Si se quiere evitar simulaciones, la fórmula es sencilla y los abogados la conocen: declarar de frente que no surten efecto las transferencias sin sustancia económica. Pero mantener semejante indefinición de los “vinculados” es inadmisible. La tronera para megaabusos queda superabierta.