El departamento de un hotel donde él vivía en la ciudad de Quito fue también allanado. (Como se recordará hace un par de meses un exministro del anterior gobierno declaró que en ese departamento le entregaba fajos de dinero de parte de empresas contratistas, algo que no fue desmentido). Las cajas fuertes que había allí habrían sido abiertas por orden judicial.
Todo ello se debería al caso Odebrecht. Aunque no hay una orden de detención contra él, el contralor está prácticamente prófugo. Y, en un acto de suprema hipocresía, el movimiento político gobiernista –que es el responsable por su nombramiento y su permanencia en el cargo– ahora se rasga las vestiduras y ha anunciado con bombos de santidad y platillos de honradez que lo enjuiciará políticamente.
¿Cómo habrán saqueado el país estos señores, si por una década tuvieron como auditor y juez de las cuentas públicas nada menos que a una persona sobre la que hoy pesa una investigación por corrupción, cuyos domicilios son allanados por la Policía, y que no puede reintegrarse a sus funciones por temor a ser apresado? Ahora comienza uno a entender por qué organismos internacionales no gubernamentales clasifican al Ecuador como uno de los países más corruptos del mundo. Ha sido, en efecto, el régimen más corrupto de la historia ecuatoriana; por una década pastaron descontroladamente como fieras hambrientas a lo largo y ancho del paraíso petrolero de más de 350 mil millones de dólares.
Fue un régimen que fabricó una organización perfecta de saqueo y lavado. Los organismos de control eran controlados por quienes se suponía debían ser controlados. Las instituciones judiciales, incluyendo la Corte Constitucional –con poquísimas excepciones que confirman la regla– que eran las llamadas a defender a los ciudadanos frente a los abusos del poder, jamás lo hicieron. Se dedicaron más bien a perseguir inmisericordemente a los pocos periodistas y opositores que denunciaron las arbitrariedades y robos, a arruinar sus vidas, a atormentar a sus familias, a encarcelarlos, a quebrarlos económica y humanamente. Nunca el Ecuador vivió un régimen que despreció tanto a los derechos humanos y a la juridicidad. El discurso jurídico oficial se fue torciendo y retorciendo, poco a poco, hasta vaciarlo de todo significado y racionalidad. Es un fenómeno propio de dictaduras totalitarias, como lo analiza brillantemente Bern Rüthers en su libro sobre lo que él llama el “derecho degenerado” y el rol de los juristas bajo el nazismo.
Es por ello que los responsables de tan grande saqueo hoy se ríen de los ecuatorianos. Hacen gala de prepotencia, pues saben que nada les pasará, que tienen una coraza de impunidad tejida por una década de sabatinas. Hasta Odebrecht ha pedido disculpas a la sociedad ecuatoriana. Ellos ni eso harán. Saben, además, que regalando unos caramelitos para unos y quesitos para otros, y con algo de buenas maneras y un par de somníferos, todo se olvidará en el circo infinito de su Banana Republic. (O)
- El texto de Hernán Pérez Loose ha sido publicado originalmente en El Universo.