Haciendo un paralelismo con el Gobierno de la Democracia Popular que se posesionó el 10 de Agosto de 1998, estaríamos ubicados en la primera semana de Diciembre, mes en el cual se comenzó a derrumbar la economía.
En ese mes, se presentó al Congreso de manera tardía, una serie de reformas fiscales, que en vez de solventar la difícil situación financiera, afectó a la confianza ciudadana que percibía que la situación no era de lo mejor. La propuesta de la creación del impuesto a la circulación de capitales en sustitución del impuesto a la renta, produjo una severa desintermediación financiera agravando la frágil situación por la cual estaba atravesando el sistema financiero. Las especies monetarias en circulación sobrepasaron con creces a los depósitos en cuenta corriente, dando paso al célebre “colchón bank”. Además, la demanda real de dinero crecía por debajo de la emisión real, cuyos excedentes iban al mercado cambiario presionando al tipo de cambio y a las reservas internacionales. Al mismo tiempo se presentó a consideración del Congreso la Ley de Garantía de Depósitos, que creó la Agencia de Garantía de Depósitos encargada de cubrir el cien por ciento de los depósitos del público y las líneas de crédito que los bancos del exterior habían otorgado a los bancos locales.
Esta institución, que supuestamente iba a generar confianza en el sistema financiero, nació sin recursos líquidos para enfrentar la naciente crisis bancaria en donde, semana a semana, caían los bancos como castillo de naipes, lo que provocó incertidumbre en los agentes económicos que acudían a los bancos a retirar sus depósitos y/o convertirlos en dólares. El esquema de garantía de depósitos se sustentaba en la entrega de bonos del Estado por parte del Ministerio de Finanzas a la nueva institución, quién a su vez los descontaba en el Banco Central haciendo funcionar la maquinita de hacer billetes, lo que originó un incremento sustancial de la emisión monetaria que ocasionó presiones inflacionarias, afectando al nivel de las reservas internacionales y al tipo de cambio.
Pero el daño estaba hecho, la confianza sufrió un golpe de gracia, y luego el país contemplaba atónito, cómo se iban sucediendo nuevas medidas para controlar una situación que se había ido de las manos, tales como el congelamiento de depósitos, liquidación de bancos, sin que se perciba una mejora de la situación económica y financiera que cada día se deterioraba.
Finalmente, ante el caos económico imperante, con tasas de interés de más de tres dígitos, una inflación galopante, y un tipo de cambio que variaba cada hora que pasaba, el Gobierno anunció la sustitución de la moneda nacional el sucre, por el dólar de los Estados Unidos, dolarizando formalmente la economía ecuatoriana que se encaminaba hacia una hiperinflación. De esta manera, el Ecuador sacrificó su autonomía monetaria en nombre de la estabilidad, aunque con un gran sacrificio inicial, que tuvieron que soportarlo, como siempre, los sectores más débiles de la sociedad. Esta situación de marchas y contramarchas, al demorar las medidas que debían adoptarse desde el día uno para enfrentar las crisis gemelas por el lado fiscal y monetario, forzó al Gobierno a anunciar la dolarización de la economía ecuatoriana.
El Gobierno de 1998 dio prioridad al tema de la paz con el Perú, y dejó a un lado el tema económico que era sumamente delicado. En hora buena se firmó la paz con el vecino del sur, pero en el transcurso de las negociaciones, la economía continuaba deteriorándose, y cuando se quiso enfrentar la situación, se lo hizo con medidas equivocadas por presiones políticas, lo que finalmente desembocó en una crisis generalizada que pasó una factura económica cuyo afecto más visible fue la pérdida de la moneda nacional y de la autonomía monetaria.
El Gobierno actual, lleva más de 120 días dialogando con diferentes sectores de la sociedad para supuestamente alcanzar consensos sobre temas económicos y políticos. Los gremios empresariales se han reunido en varias ocasiones con representantes del gobierno, para solicitar una reforma impositiva que rebaje la carga tributaria, y el desmantelamiento de una serie de regulaciones y normas que afectan la competitividad del sector productivo y comercial. Las organizaciones de los trabajadores, solicitan reformas al Código del Trabajo que reconozca sus conquistas laborales que fueron mermadas en el anterior gobierno. Los banqueros solicitan una reforma integral a la Ley que permita modernizar a la banca, y piden que el mal llamado dinero electrónico se convierta en otro producto, que a través de una plataforma pueda utilizarse como una billetera que funcione como una tarjeta de débito mediante la utilización de un teléfono inteligente.
A los diálogos, hay que incorporar otro elemento que tiene al país distraído del día a día. Las denuncias de actos de corrupción en los contratos públicos con la constructora brasileña Odebrecht; los contratos de intermediación petrolera; la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas; la Refinería del Pacífico; la Universidad del conocimiento Yachay; la construcción de las hidroeléctricas y carreteras etc, etc.
El tercer elemento a considerar es la Consulta Popular anunciada por el Presidente de la República para consultar al mandante sobre temas que todavía no se conocen. El Presidente ha anunciado que se receptarán las preguntas que tenga la sociedad civil para analizarlas e incorporar aquellas que considere el Gobierno como prioritarias, lo cual será anunciado el 2 de Octubre.
Mientras todo esto acontece, el Ministerio de Finanzas no presenta al país el plan económico para enfrentar la delicada situación económica y financiera de corto plazo para restituir los equilibrios macroeconómicos básicos, para así retomar el crecimiento económico.
Semana a semana, se observa que la liquidez del Tesoro es insuficiente para financiar los gastos del Gobierno Central. La Reserva Internacional está en niveles que no alcanza ni siquiera a cubrir los pasivos exigibles, incrementando la brecha de cobertura. La necesidad de financiamiento del abultado gasto fiscal no está cubierta. Por consiguiente, ante la ausencia de un plan económico, al Gobierno no le quedará otra opción que acudir a fuentes internas y externas de financiamiento incrementando la ya abultada deuda pública. En este sentido ya se anuncia un nuevo préstamo con el FLAR por US$650 millones de cuyo monto hay que deducir US$77 millones que se le debe a esta institución de un anterior préstamo. Esta cantidad es insuficiente, por lo cual no se descarta la posibilidad de una nueva colocación de bonos en los mercados internacionales por una cantidad entre mil y dos mil millones de dólares. A estas operaciones, que se quedarían cortas, se acudiría al Banco Central, IESS y a acumular atrasos con proveedores y contratistas para pasar el año. ¡Esta situación no puede continuar! (O)
- Jorge Gallardo Zavala es Director de Investigación de Fundación Ecuador Libre, ex-Director del Centro de Estudios Económicos y Financieros de la UEES y ex-Ministro de Finanzas.