Para comenzar, nada sorprendería que haya sido un despilfarro que sirvió para enriquecer a un círculo cercano al jefe de la mafia. Se habrían enriquecido como empresarios privados aprovechando del ejercicio de funciones públicas y dándole a todo la apariencia de legalidad. Es el mismo patrón seguido en el manejo del petróleo, los seguros y reaseguros públicos, la comercialización internacional del crudo, la compra del terreno para la Refinería del Pacífico, etc. Una gota más en los miles de millones de dólares que se habrían perdido.
El saqueo en el área de la comunicación gubernamental, que el actual Gobierno ha tenido la entereza de destapar, tuvo otro componente. El de usar dichos medios para crear y recrear un país inexistente, esconder los abusos del oficialismo –siendo el sistema judicial el otro puntal– hasta convertir al periodismo en un oficio de esbirros del poder, y no lo que debe ser: una garantía de una vida democrática, un bastión de la pluralidad y de la defensa de la ciudadanía ante los abusos públicos o privados. Fue un espectáculo vergonzante ese de periodistas persiguiendo a periodistas. Se asfixió económicamente a los medios independientes con regulaciones que limitaban al máximo su capacidad de crecer, expandirse, investigar e informar mejor. Y encima el exdictador, dejando su mediocridad al descubierto, se jactó hace poco ante una cadena internacional de no haber cerrado ningún medio, como que si eso fuese un mérito por el que tenemos que agradecerle. Y que además no es verdad.
No es de sorprenderse entonces que tales medios de comunicación hayan tenido una escasa aceptación. Lo que confirmaría que habrían sido solo una gran mina de enriquecimiento. Y es que medios públicos pueden existir, y de hecho existen en varios países, pero gozan de un enorme prestigio por su independencia frente a los gobiernos, la transparencia de sus operaciones, y la calidad de sus programas. Y todo ello a pesar de limitados presupuestos.
Pero hay más. El destape del saqueo de los llamados medios públicos pretende ser cuestionado por el jefe de la mafia con el estribillo de que tratándose de empresas públicas sus operaciones no pueden ser juzgadas con los mismos parámetros que se aplican en las empresas privadas. Todo lo contrario. En las empresas públicas el concepto de eficiencia, austeridad y transparencia debe ser mayor, pues ellas usan fondos ajenos, es decir, dineros de los ciudadanos. Y esto lo vemos en otros sectores. Bastaba que algo sea “público” para que los conceptos de transparencia y eficiencia desaparezcan. No es una coincidencia por ello que, como ha dicho el presidente Moreno, el pus sale por doquier en las instituciones públicas.
Los ecuatorianos esperan no solo que los responsables del saqueo de los medios públicos respondan judicialmente por sus actuaciones, sino que sus fortunas mal habidas regresen a las arcas fiscales.