Desde su origen, en 2014, el Código Monetario y Financiero (COMF) prohibió al Banco Central “Adquirir o admitir en garantía acciones de compañías de cualquier clase y participar, directa o indirectamente, en empresas o sociedades, con excepción de las acciones o participaciones que adquiera en instituciones monetarias o financieras internacionales” (art. 56,1º).
Era muy claro entonces que no se podía ejecutar la decisión tomada en los estertores del régimen de Rafael Correa, de que al Banco Central se le entregue la CFN en pago de deudas estatales (como jugada contable que aparenta su reducción).
Esa barrera fue eliminada con ley ad-hoc del 18 de abril de 2017, que incluyó, dentro de las excepciones del citado art. 56, 1º, la adquisición de acciones “en entidades del sector financiero público”, como lo es la CFN. Poco tiempo después se ejecutó la operación.
La CFN venía preñada del Banco del Pacífico, y el Banco Central se convirtió en dueño indirecto de aquel. No se percataron los ideólogos de la movida de que aquella ley ad-hoc del 18 de abril era insuficiente para cubrir esa parte de la operación, pues el Pacífico no está en el sector financiero público. La contundente prohibición legal al respecto (del art. 56, 1º, del COMF) fue abiertamente violada.
Más de seis meses han pasado y, al menos de lo que se sabe, la Superintendencia de Bancos, en claro incumplimiento de sus funciones, se ha hecho de la vista gorda y tolera que sea dueño indirecto del Pacífico un sujeto -el Central- legalmente impedido de serlo.
Lo anterior explica por qué, en el proyecto de ley urgente del Ejecutivo (art. 16, 6º) se propone ahora una nueva reforma al art. 56, 1º, del COMF, que permitiría que el Central pueda adquirir del Estado acciones en “entidades financieras y no financieras, de valores o seguros”. El memo de memez inmarcesible que merodea el área económica pretende, primero, convalidar de agache la ilegalidad del tema Pacífico; y segundo, poder clavarle al Central nuevas daciones en pago, para seguir con el juego contable de “reducción” de deudas estatales.