Con esto, todo el andamiaje existente para negar que hoy somos no solo un país de tránsito, sino también un centro de acopio y reexportación de drogas, se vino abajo.
Por más que la SENAIN niegue haber tenido conocimiento previo del ataque, la realidad es que la población evacuó antes del “remezón” y con esto las debilidades de la Secretaría Nacional de Inteligencia quedaron al descubierto. Mucho más cuando la Fiscalía de Colombia ya tenía la “ficha técnica” del autor del atentado, el ecuatoriano alias “Guacho”, explosivista y responsable de proteger la ruta del narcotráfico que se origina en Tumaco, Colombia, y atraviesa San Lorenzo, así como un listado de 100 propiedades de las FARC en Ecuador avaluadas en US$15 millones.
¿Cómo llegó el narcoterrorismo al Ecuador? ¿Es de verdad un fenómeno indetectable? En lo absoluto.
Las evidencias y advertencias han sobrado: la captura de alias Simón Trinidad en el año 2004; el ataque mortal durante el gobierno de Uribe al campamento de alias “Raúl Reyes” en Angostura en el 2008, la detención en Quito de seis sujetos buscados por la INTERPOL en 2010 y deportados a los Estados Unidos –vinculados a la organización terrorista Tehrik-e Talibán Pakistán, y a Osama bin Laden-. Las advertencias de las actividades de narcotráfico del Hezbollah en la región (New York Times 2011), y la ruta de Ashira Krieguer (Seham Al Salkhadi) sospechosa de haber participado en el atentado del Bataclan, París, 2015, reivindicados por el Estados Islámico, incluyó al Ecuador. Así también, que seamos un creciente centro de lavado de dinero para múltiples transnacionales criminales, incluyendo a las FARC. Por supuesto, la creciente presencia de grupos del crimen organizado de Rusia y China en Ecuador, así como la de los carteles de droga de Colombia y México. Su presencia implica la migración de varias formas de violencia que antes no se registraban en nuestra “isla de paz”, que inciden en el notable aumento en las estadísticas de asesinatos y actos delictivos que nos prueban el estado de indefensión e inseguridad en que vivimos.
“Existen redes ilícitas, cuyos tentáculos van a través de América Latina y dentro de los Estados Unidos, Europa y Africa. A lo largo de esta supercarretera ilícita, hay redes criminales y terroristas movilizando gente, incluyendo criminales y terroristas, y productos como heroína, cocaína, fentanyl y armas. Estas redes controlan el mercado global que está valorado en $2 trillones de dólares en bienes y servicios ilegales. Ese dinero sucio fluye a través del sistema financiero global… Esto ayuda a las organizaciones criminales y terroristas a financiar y expander sus operaciones, creando inseguridad e inestabilidad alrededor del planeta.” Almirante Kurt Tidd, Comando Sur de los Estados Unidos, Oct/2/ 2017
Aunque las estadísticas de inseguridad del Ecuador no las relacionan con la expansión del narcotráfico colombiano, la violencia en el Ecuador prefieren atribuirla a un fenómeno provocado por la pobreza. Así podemos observar que desde que en Colombia el terrorismo y el narcotráfico se asociaron, las capturas de coca y pasta de coca en 1994 fueron de cerca de 1.800 kg; y en el 2016 llegaron a las 110 toneladas. Los secuestros pasaron de ser algo raro con 5 casos en 1985; a vivir su apogeo en 1999 con 317. El año pasado, 2017, se registraron entre robos a personas y domicilios 40 mil casos y 882 asesinatos. Por ello el Ecuador tiene una percepción de inseguridad de 46.6 en el 2010, índice superior a nuestros vecinos colombianos que cohabitan con narcoguerrillas de larga data.( Barómetro de las Américas). Ante tanta evidencia, la vulnerabilidad de los ecuatorianos no es una “sensación de inseguridad”.
¿Qué ha fragilizado nuestra tranquilidad? “Ecuador es un país de tránsito de drogas importante, con una economía dolarizada y ubicación geográfica entre dos grandes productores de drogas; es altamente vulnerable al lavado de dinero. La corrupción es un problema significativo, y existe evidencia de lavado de dinero ocurriendo a través del comercio, así como de los cash couriers. Grandes sumas de dinero no declarado entran y salen del Ecuador, lo que indica que el tránsito de dinero ilícito es una actividad importante. En la frontera con Colombia, criminales de bajo rango entran al Ecuador para hacer depósitos en instituciones financieras. Observadores notan que los jueces suelen ser susceptibles al soborno”. (International Narcotics Control Strategy Report)
El informe Ecuador en Riesgo, Drogas, Delincuentes, Guerrillas y la Revolución Ciudadana (Douglas Farah y Glen Simpson, 2010) ya entonces encontró indicios durante la administración Correa como el célebre financiamiento de las FARC a su primera campaña presidencial, fuerte evidencia de que altos miembros de su gobierno apoyaron la insurgencia armada. También menciona la influencia de los carteles mexicanos de la droga desde la llegada de Correa al poder, lo que ha elevado al Ecuador a convertirse en un centro de operaciones para las bandas del crimen organizado transnacional. Ecuador emergió como un punto clave para múltiples transnacionales del crimen y organizaciones terroristas, y en una importante red que mueve no solo cocaína sino también tráfico humano, armas, precursores químicos y cientos de millones de dólares anualmente. Está claro que las FARC, desde antes y durante la administración Correa, ha mantenido su central diplomática en Quito, operando su red de apoyo en América Latina, haciendo poco esfuerzo por ocultarse. Al menos desde el 2004 se registran las actividades de Nubia Calderón, alias Esperanza y Ana María, quien fuera la responsable de encontrar casas seguras, acomodar a los hijos de los comandantes de las FARC en los colegios, y coordinar encuentros entre los representantes de las FARC. “Una comunicación registrada el 5 de enero del 2007 entre los comandantes de las FARC alias Raúl Reyes y Manuel Marulanda menciona la espera de la visita del coronel Brito, emisario de Rafael Correa, y recuerda requerirle que cuando sus tropas fuesen capturadas en Ecuador, les sean devueltas a ellos y no a las autoridades de Colombia.” (documentos computadores alias Raúl Reyes)
El informe Ecuador en Riesgo indica que cuando en enero del 2004 el gobierno de Lucio Gutiérrez extraditó a Simón Trinidad, fue una mala señal para las FARC y razón por la cual habrían estado muy interesados en relacionarse con el candidato presidencial del 2006 Rafael Correa. Luego surgen evidencias de que para el gobierno de Correa no fueron prioridad el crecimiento de las redes de tráfico de drogas de las FARC, ni su empeño en contar con líneas de abastecimiento de precursores químicos, comida, medicina, armas, tampoco el tamaño y permanencia de campamentos de las FARC en Ecuador. Menciona entonces la presencia de organizaciones de narcotráfico mexicanos que hacen negocios directamente con las FARC en territorio ecuatoriano, entregando dólares en efectivo y precursores químicos en intercambio con cocaína.
En el 2009 el gobierno colombiano habría notificado a las autoridades del Ecuador que las FARC continuaban manteniendo al menos una docena de campos, albergando al menos 1.800 tropas en la región de Lago Agrio. Entre los refugiados de Colombia buscando seguridad por el conflicto también se encontraron simpatizantes de las FARC y sus familiares, que cruzan la frontera para suplir y servir de mensajeros. Cientos de estas personas fueron beneficiadas con cedulación ecuatoriana gracias al plan impulsado por Ignacio Chauvín, un oficial clave de Correa y uno de sus principales contactos con las FARC. “La ong que lideró esta iniciativa fue la ALDHU, uno de los principales frentes de las FARC”
El informe describe al colombiano (FARC) Oliver Solarte como la presencia más importante en Ecuador para el narcotráfico, cuya responsabilidad es consolidar la droga de los diferentes frentes así como negociar directamente la venta con diferentes compradores. Según dicho Informe, Solarte controlaría varios laboratorios en Colombia y en Ecuador, y usaría Puerto Nuevo como su centro de operaciones. Propietario de una discoteca y de un supermercado al menos; Solarte sería el contacto más importante con los militares ecuatorianos, algunos de los cuales le servirían de informantes ante eventuales operativos. Sería el que envía a pagar coimas a jueces para liberar a los miembros de las FARC capturados en Ecuador.
Los parientes de Solarte conformarían una red de testaferros de las varias propiedades que posee: casas, bares y burdeles. Solarte manejaría además clínicas para los combatientes, tanto en Lago Agrio como en Quito. Otras responsabilidades incluyen proveer recreación a los terroristas, como discotecas, bares y burdeles. La población originaria campesina del sector viene siendo desplazada y reemplazada por los “desplazados de las FARC”, quienes facilitan el tráfico y las actividades de los terroristas.
Concuerda el informe de Farah con el análisis de Darío Cervantes en su libro Inseguridad Societal en Ecuador, Violencia, Migraciones, Manipulaciones y Sufrimiento Humano; quien hace especial énfasis en el sufrimiento humano que este fenómeno provoca a nuestra población y que no es considerado por las autoridades ni por los organismos internacionales que solo han procurado protección para los desplazados colombianos. “Se trata de otro tipo de migraciones, de individuos y grupos muy violentos que buscan la imposición a los locales de hábitos criminales dignos de un conflicto armado. Estos desarrollan y diseminan actividades conexas que se transforman en diferentes hechos “delincuenciales-terroristas” en el interior del Ecuador”, dice Cervantes.
Retrata una dramática realidad que involucra a adolescentes que incursionan en el negocio del crimen. Se los estaría utilizando para actividades íntimas del narcotráfico como la venta a pequeña escala de drogas en la calle, mulas, y para actividades asociadas desde siempre al narconegocio, como el mismo sicariato. “La violencia es un elemento estructurante de toda organización mafiosa: funciona como medio de intimidación y como factor de producción, garantiza el oligopolio logrando el control total. La violencia asociada al narcotráfico sirve para controlar poblaciones y conquistar territorios. Todas las manifestaciones del conflicto colombiano se entremezclan haciendo de la región fronteriza una tierra de fulgurantes actividades económico-criminales.” A lo largo de estas dos últimas décadas, concluye Cervantes, “La exacerbación de la violencia contra personas y bienes, el aumento de muertes violentas, la emergencia de nuevas formas de violencia y especialmente de la industria de la droga, son algunas de las incidencias directas, de la internacionalización del conflicto colombiano.”
En vista de que informes externos dan cuenta de una rampante negligencia en el avance de los negocios del narcotráfico en nuestro territorio y sus consecuencias en nuestra población, que han pasado desapercibidas por la SENAIN al punto de no prevenir un ataque anunciado como el de San Lorenzo, lo más lógico es que el presidente Lenin Moreno ordene el examen a sus cuentas y su inmediata reorganización. Urge reconocer que el programa de cedulación y el incremento abrumador en el otorgamiento de refugios han dado oportunidad para que el Ecuador sea una guarida segura para terroristas y falsos desplazados que mantienen activa la espiral de violencia generada por los altamente lucrativos negocios del crimen organizado transnacional. Y que es inaceptable que el Ecuador gaste cerca de US$40 millones en refugiados, y entre ello se mantenga delincuentes y criminales que se dan el lujo de reincidir en sus conductas fuera de la ley, mientras los ecuatorianos desplazados por su violencia son ignorados.
En definitiva, es imperativa una política de estado que vele por los intereses de nuestra población, especialmente la fronteriza, ya que como Lenin Moreno ha reconocido sobre la inseguridad: “en el caso del Ecuador el asunto es importado”. Si el actual gobierno decide continuar son la sospechosa permisividad del anterior, el panorama de más violencia y sufrimiento humano apenas empieza a vislumbrarse en su propósito de generar terror. Con una conflictiva desmovilización de narcoterroristas que no plegaron al plan de paz de Colombia, y el poco interés del hoy partido político FARC a dejar el negocio del narcotráfico, más negligencia del gobierno del Ecuador sería imperdonable.