Ecuador, lunes 23 de abril de 2018

¿Qué más hace falta?

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Si alguien aún albergaba dudas sobre la responsabilidad penal del exdictador por la cadena de abusos, atropellos y el fenomenal asalto de las arcas fiscales ocurridos en su gobierno, esas dudas seguramente se han disipado luego de conocer el informe de la comisión designada por el contralor para investigar la realidad de la deuda pública.

Hasta un estudiante de derecho puede fácilmente encontrar en las actuaciones del exdictador indicios claros y concluyentes de una conducta delictiva. Decretos con dedicatoria, ocultamiento de datos, manipulación de cifras, presiones, falsificación ideológica de informes, pagos ilegítimos, disposiciones ilegales, así como burdas mentiras. Todo ello con el propósito de defraudar la ley, y circunvalar tanto los mandatos de los artículos 284 y 285 de la Constitución, como los límites al endeudamiento que impone la legislación secundaria.


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Por menos, por mucho menos, más de un contador, auditor o gerente de una empresa o un banco han sido sentenciados penalmente. Por conductas similares ha sido encausada penalmente –entre muchos otros procesos– la expresidenta Cristina Fernández. El informe de la comisión de la Contraloría desenmascara el estribillo del exdictador de que lo único que hizo fue seguir las recomendaciones del Fondo Monetario con respecto a la contabilización de la deuda pública. Como de costumbre, lo que pretende es vernos la cara a los ecuatorianos. Como pretenden hacerlo aquellos que con aires de juristas reclaman que no hay pruebas contra los miembros de la pandilla ni contra el capo di tutti capi, y que son “perseguidos”. Cuando nos hablan de “prueba” parecería que lo que están pidiendo es una foto notarizada en la que aparezcan recibiendo un fajo de dinero o violando una ley.

Con semejante criterio nunca habrían sido encausados los jerarcas nazis, Pinochet, Videla o Fujimori, ni los gánsteres de Chicago o los estafadores de Wall Street, o Lula da Silva o la mencionada Cristina Fernández. Con ese criterio de “pruebas” sería imposible enfrentar, no se diga derrotar al narcotráfico, al crimen organizado, al terrorismo, al lavado de activos, o la trata de blancas, o sancionar las conductas abusivas de comercio o la piramidación financiera. Las sociedades quedarían, con ese criterio probatorio, a la merced de bandas de delincuentes como la que tuvimos de gobierno; y gozando de impunidad, como lo que está sucediendo hoy.

Afortunadamente, el derecho penal contemporáneo ha evolucionado al ritmo que han ido surgiendo nuevas conductas delictivas sin sacrificar por ello su núcleo dogmático. Es incomprensible cómo hasta la fecha el exdictador no ha sido penalmente encausado por la red de corrupción de Odebrecht donde su participación fue el factor decisorio, tal como lo han sido otros expresidentes de la región. O por la comercialización externa del crudo. O por los abusos del 30-S. O por la violación sistemática de derechos humanos. A lo que hoy se suma el affaire de la deuda externa.

No son pruebas las que faltan, sino entereza ética y dignidad; cosas que al parecer se perdieron en los últimos años. (O)