Al inicial pedido de ser canjeados por tres criminales encarcelados en territorio ecuatoriano; se ha sumado la demanda de que Ecuador renuncie a colaborar con Colombia en la lucha contra el narcotráfico en su frontera común. Ambas constituyen solicitudes inaceptables para una nación soberana como la nuestra.
Respetables voces del periodismo y otros sectores, se han levantado para exigirle al gobierno nacional que garantice el retorno de los secuestrados a cualquier precio, inclusive el de cumplir con las exigencias de los terroristas. Y es que efectivamente, cualquier resultado diferente al del retorno ileso de los tres comunicadores, constituiría una verdadera tragedia para nuestro país, tan poco acostumbrado a eventos de esta naturaleza. Aunque loable en sus intenciones, este pedido conlleva una grave irresponsabilidad al proponer abrir una caja de pandora de incalculables consecuencias.
En estos momentos resulta evidente que a nuestro país le ha declarado la guerra un grupo de narcoguerrilleros, que intentan medir la resiliencia del gobierno y del pueblo ecuatoriano a través de una serie de actos terroristas que han atentado contra las vidas de soldados y civiles ecuatorianos, y han afectado gravemente a nuestra infraestructura. El gobierno ecuatoriano y el resto de fuerzas políticas, deben estar a la altura de las circunstancias; y prepararse para una guerra que no la hemos buscado nosotros, pero de la que no podemos rehuir sin ceder de manera efectiva, la soberanía de parte nuestro territorio y de nuestra política exterior.
Ante una situación de esta gravedad, es lógico que el gobierno del presidente Lenín Moreno cuente con el respaldo mayoritario de la población para actuar de la manera más conveniente para defender los intereses de nuestro país. Las autoridades deben recordar que de sus acciones dependen no solo la integridad de los tres secuestrados, sino la de dieciséis millones de ecuatorianos. Es por eso que resulta incomprensible que el gobierno le dedique tantas energías a condenar la difusión del video y a exigirle mesura a los medios de comunicación, cuando se trata de un asunto trascendental que nos afecta a todos. Esto y las desacertadas declaraciones de los ministros del Interior y de Defensa no invitan al optimismo.
Si ya es grave que el gobierno dé continuamente muestras de inoperancia en el manejo de la economía, resultaría catastrófico que su debilidad lo lleve a ceder ante el chantaje de quienes actúan al margen de la ley y pretenden hacer del norte de nuestro país su nuevo centro de operaciones como consecuencia de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. La magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos demanda acciones contundentes por parte de nuestras instituciones. La unidad nacional que se requiere en estos momentos no puede servir de excusa para que no se realice una fiscalización profunda de las acciones y omisiones del gobierno anterior que debilitaron militar, financiera e institucionalmente a nuestras Fuerzas Armadas. Tampoco pueden dejar de investigarse los conspicuos vínculos de influyentes miembros del anterior y del actual gobierno, con grupos irregulares colombianos.
La histórica vocación pacífica del pueblo ecuatoriano no debe ser confundida con cobardía por nuestro gobierno. Los ecuatorianos queremos paz, pero una paz basada en la justicia sin la cual esta no puede perdurar. Si cedemos en este momento histórico ante el terror; las próximas generaciones nos harán el reproche que Churchill le dedicó a su amigo Chamberlain a propósito de la conferencia de Munich: “Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y tendréis guerra”. Eso resultaría imperdonable.