Al menos por dignidad

Le evitarían al país ese sacudón que va a traer consigo tanto el juicio político al señor Jalkh por parte de la Asamblea Legislativa, como la evaluación y probable remoción de sus cargos en el caso de la Corte Constitucional, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en transición. Sus renuncias le facilitarían al país poner sus miras hacia el futuro. No solo en quienes van a reemplazarlos, sino en qué reformas hay que introducir en estos organismos deformantes de una democracia moderna.

Por una década, tanto el CNJ como la Corte Constitucional fueron los bastiones esenciales de la dictadura correísta, del régimen más corrupto que ha dado a luz nuestra historia republicana. Correa usó a estas instancias del poder público como simples marionetas para su desaforado plan de construir un Estado de corrupción organizada. Pero no solo que fueron usados como marionetas sus titulares, sino que se dejaron usar como tales. Es harto difícil imaginar cómo es que personas que fueron educadas en facultades de jurisprudencia hayan podido prestarse para ser de títeres de un dictadorzuelo, perdiendo así toda dignidad profesional y humana. Y quizás por ello es que siguen tan campantes.

Los cuestionamientos que se le han hecho al CPCCS en transición no tienen fundamento jurídico alguno. La interpretación de las normas constitucionales, así como las expresiones del poder constituyente a través de los mecanismos de democracia directa, siguen cánones diferentes a aquellos plasmados en nuestro venerado código civil para normas infraconstitucionales. El CPCCS en transición no es un órgano ordinario cualquiera, como lo son la Asamblea Legislativa o las superintendencias. Como lo hemos señalado antes, dicho organismo es de naturaleza excepcional, y por ello su vida institucional es limitada en el tiempo. Su misión es recomponer un Estado que había sido asaltado por una banda de delincuentes, una banda que había convertido a los órganos constitucionales de control –desde el CNJ y la Corte Constitucional hasta la Contraloría y la Fiscalía– en simples alcahuetes de sus ardientes bolsillos y bisagras de sus abusos.

Ese Estado estaba llamado a hundirse en el pantano de la corrupción e ineptitud. En otros tiempos, o en otros lares, lo que se habría hecho ante una coyuntura como la que vivimos habría sido convocar a una Asamblea Constituyente; y que es lo que debimos haber hecho. Pero a falta de la decisión política de hacerlo –decían que la economía era dizque lo prioritario…–, la opción de una consulta a través de la cual se crea un órgano como el CPCCS en transición es lo que más se le aproxima. Es quizás la última esperanza de todo un país de sustituir ese Estado abusivo y de corrupción organizada que dejó el correísmo, por un Estado constitucional, democrático, transparente y eficiente. Quienes le temen a este cambio harían mejor en así decirlo abiertamente, y no esconderse bajo argumentos sin asidero en la hermenéutica constitucional. (O)

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