Edwin Ortega Sevilla
Guayaquil, Ecuador
Resulta paradójico que una vez que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha dado luz verde para que el resto de funciones y sobre todo el común de los ciudadanos pueda, ya en un entorno más civilizado y democrático, denunciar los actos de corrupción, sean poquísimos funcionarios, casi contados con los dedos de la mano, y en su gran mayoría, asambleístas o activistas de movimientos políticos “grandes”, quienes pongan su rúbrica en sonadas denuncias en casos de corrupción, como por ejemplo escándalos de sectores petroleros e hidroeléctricas (mega obras); y aquellos denunciados por activistas y periodistas de investigación como Fernando Villaviciencio y la asambleísta Mae Montaño.
Así mismo, podemos citar ejemplos como la corrupción en la prefectura de Manabí, denuncia realizada hace pocas semanas por la secretaría de transparencia del CPCCS-T, cuyos funcionarios, María Arboleda y Byron Pacheco, inclusive han sido agredidos y amenazados.
¿Qué es lo que le ocurre a nuestra sociedad? Acaso estamos llenos de temor o el tufo putrefacto del correísmo aun nos tiene sumidos en la ignominia y en el “no pasa nada” con actitudes de sobrado quemeimportismo cuando hoy por hoy somos el tercer país más corrupto en Latinoamérica.
Las funciones del Estado, en particular el Ejecutivo con la Fuerza Pública, tienen la obligación de revisar urgentemente los nuevos roles de los uniformados para que, más allá del fiel cumplimiento del Art. 158 de la Constitución de la República del Ecuador, dejen de ser meros espectadores y se conviertan en el puntal para la lucha contra la corrupción. Hay estrategias que se han aplicado en varios países que han salido del tercer mundo y dejaron de ser emergentes con la aplicación de métodos que combaten eficientemente la corrupción; y que, sin ser deliberantes logran palear de manera preventiva y preemtiva el cáncer de la corrupción.
Dejo en sus manos estimado lector, el corolario de este artículo; el cual resumo con la siguiente interrogante: ¿Hasta cuándo permanecerán ciertas instituciones impávidas a actos que son de impacto social como la corrupción? ¿Acaso hemos visto un general o almirante que vaya a una Fiscalía o a la Contraloría General del Estado a denunciar algún acto de corrupción? ¿Si todo está bien, entonces dónde está la plata?