Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Los Estados fueron creados para servir a los contribuyentes. Pagamos los impuestos para que funcionen. Es responsabilidad de los servidores públicos administrar diligentemente nuestros recursos.
En ese orden de ideas, los tributos de una nación deberían ser pocos y lo más bajos posibles. Lo contrario significa ineficiencia.
Lo mismo con la tramitología. Martirizar a los ciudadanos con documentos innecesarios, no tiene sentido. De hecho, todo trámite debería entenderse aprobado si el funcionario público no se pronuncia después de veintiún días.
Se ha incrementado el precio del combustible para financiar la deuda pública heredada del gobierno anterior, pero no existe una contraprestación. Me explico: queda claro por qué el gobierno requiere eliminar los subsidios a los combustibles, pero no el beneficio que recibimos como ciudadanos.
Tal vez deberíamos comenzar por la eliminación del exceso de impuestos y elevados aranceles que gravan los vehículos. De esa manera, un ecuatoriano podría comprar con menos dinero el carro de su preferencia. Inmediatamente mejoraría la calidad de su vida. Para eso están los servidores públicos, no para castigarnos elevando los precios de los productos vía impuestos, porque han administrado negligentemente la cosa pública.
El siguiente paso tendría que ser permitir la libre importación de combustibles. Que cualquier empresa pueda importarlos y que Petroecuador pase a ser un jugador más. No un controlador. Eso generaría libre competencia. Oferta de precios y combustibles de todas las calidades. Desde la más baja hasta mejores que las que actualmente ofrecen las gasolineras. Que cada uno pueda comprar el combustible por el precio y calidad que nos convenga más y el servicio que nos ofrezca cada estación de servicio. Esa sería una contraprestación tangible que además, incrementaría el comercio y el empleo adecuado.
El monopolio de la empresa petrolera ha demostrado que no puede producir combustible de calidad. Por eso importa derivados de petróleo. Petroecuador debería cerrar las refinerías. Han probado que nos cuestan más de lo que nos sirven. Nos sale mejor clausurarlas que continuar despilfarrando dinero en esa hemorragia de recursos públicos y corrupción.
Los trabajadores de las empresas privadas nos concentramos en el cliente. Es nuestra principal preocupación. El Estado, como organización política, debería funcionar igual: sirviendo a los contribuyentes. Permitirles tener más dinero en sus bolsillos para que los usen libremente y así, que cada familia prospere. Es hora de exigir gobiernos eficientes y eficaces en favor de los que pagamos los sueldos del sector público.