Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Ahora resulta que los asambleístas visitan las cárceles para intimidar a testigos de crímenes para que cambien sus versiones en contra de los acusados. No está de más recordar que los asambleístas reciben un sueldo del erario nacional, es decir, de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Y de lo que se conoce no está entre sus tareas visitar las cárceles para torcer versiones de los testigos, que, en el caso Balda, son nada menos que testigos de la Fiscalía. La poca conciencia que hay en el país sobre el uso de los fondos públicos y sobre la ética es lo que le garantiza a la diputada visitadora hacer lo que hizo.
A riesgo de parecer cansino hay que decirlo una vez más: en cualquier otra nación medianamente civilizada la diputada en cuestión habría perdido su curul o como mínimo habría sido suspendida por varios meses sin sueldo. Y ello sin esperar que terceros –la Fiscalía o la Contraloría– inicien acción alguna. Habría sido el propio órgano legislativo, los propios diputados, los que la habrían expulsado de la legislatura. Lo hecho por la diputada fue por encima de todo una falta de ética, y eso ya es suficiente para imponerle una sanción. Claro que la otra opción sería que la diputada acepte su error, ofrezca disculpas públicas y renuncie a su curul. Pero ya sabemos que la dignidad, al igual que la humildad, la gratitud o la honestidad, son virtudes impensables en la mayoría de nuestras élites políticas o económicas. El país estará atento a las sanciones que la Asamblea impondrá a la diputada o si se lavará las manos.
Pero lo anterior no es todo. La diputada ingresó a la cárcel –y de paso burlando su reglamento interno– acompañada de una de las abogadas del equipo de defensores del acusado. Nuevamente, en otros países esto habría sido suficiente para que los abogados involucrados pierdan su registro profesional, como mínimo. Por ejemplo, en junio pasado una jueza federal de los Estados Unidos, la señora Amy Jackson, ordenó la prisión para Paul Manafort, el ex director de campaña del presidente Trump, pues, mientras esperaba comparecer a un juicio que se le seguía, se detectó que él había intentado (solo intentado…) contactar a uno de los testigos de la Fiscalía. Así de grave es esto de que un acusado, peor si es su abogado, intente contactar a un testigo, no se diga si lo llega a contactar efectivamente. Ello constituye obstrucción de justicia, una infracción muy seria que se agrava cuando la comete un abogado. Veamos qué sanción se le impone a la abogada visitadora de cárceles, así como al abogado principal del acusado en el caso Balda.
¿Podrán estos abogados seguir ejerciendo nomás su profesión? ¿Qué dicen los dizque “observadores”? La diputada visitadora ¿seguirá tranquilamente ejerciendo sus funciones de tal? ¿Seguirá cobrando su sueldo?
Lo sucedido es grave, ciertamente, pero más grave es que quede en la impunidad y en el olvido, que son los mejores aliados de la corrupción. (O)