Juan José Pons
Guayaquil, Ecuador
Los ecuatorianos responsables celebramos que el gobierno ecuatoriano haya llegado a un acuerdo con el FMI que le da al país una apertura a las instituciones financieras multilaterales, así como, a los mercados financieros privados y debería a su vez generar una corriente de simpatía de los inversionistas internacionales y los nacionales que pusieron sus recursos en lugares seguros frente a la ola creciente del Socialismo del Siglo XXI .
Aunque aún no conocemos los términos del acuerdo, se ha divulgado que éste gira alrededor de metas referentes: al déficit fiscal -llegar a 0 para el 2021-, de una reforma tributaria integral cuyo proyecto lo conoceremos durante el cuarto trimestre de este año y de la racionalización del gasto público.
Pero, ¿será suficiente este acuerdo? ¿exige solo reformas coyunturales o también estructurales de nuestro país?
El Ecuador necesita crecer por lo menos al 5% anual en su PIB para que pueda generar capacidad de pago de la deuda pública y de bienestar a los ecuatorianos. Para esto se requiere cambios estructurales no solo en la economía sino también en la sociedad toda.
El país no podrá lograr ese ritmo de crecimiento sostenido -no lo logró con petróleo de $100 el barril- a menos que haya un pacto social que ponga en vigencia políticas de estado que liberen las fuerzas productivas de los ecuatorianos y que se genere riqueza con igualdad de oportunidad para todos.
Para hacerlo debemos empezar por una reforma constitucional que nos libere de la Constitución de Montecristi elaborada por izquierdistas españoles ideólogos del SSXXI y que nos permita tener una Constitución moderna liberal que no solo garantice derechos sino que imponga deberes a la ciudadanía para que en un marco de una república democrática y liberal podamos vivir y crecer con igualdad de oportunidades en un mundo cada vez más competitivo e interconectado.
Esta constitución debe realizar una verdadera reforma política que fortalezca un estado regulador con las tres funciones claramente estructuradas que permita tener una función judicial honesta de carrera e independiente de los vaivenes políticos para que impere la seguridad jurídica en el país. Así mismo, una función legislativa bicameral con una cámara de diputados que haga el control político y una cámara del senado que legisle -estableciendo requisitos académicos y profesionales para poder ser elegido a cualquiera de las 2 cámaras- y por último, con una función ejecutiva ágil y austera con gobiernos seccionales solo municipales, eliminando los Consejos Provinciales y con administradores regionales asumiendo las funciones que le competen para garantizar el nivel de vida de la ciudadanía esto es Seguridad Nacional, Salud, Educación y Política Exterior.
El Ecuador de hoy es un país enredado por el exceso regulatorio que traba la creatividad e iniciativa de sus ciudadanos, el exceso regulatorio sirve para mantener una cultura de coimas para arreglar problemas de toda naturaleza, generados por ese exceso de regulación en todos los ámbitos, es decir, el sistema crea problemas para vender soluciones.
El marco actual es el de un país que castiga el emprendimiento, ya que al emprendedor que fracasa se lo marca de por vida con las actuales leyes de quiebra; un país en el que reina el decir popular hecha la ley hecha la trampa. Un país así no tiene futuro.
La constitución de 1998 es un buen ejemplo y guía a seguir y a mejorar frente a los desafíos del siglo XXI , esa constitución se quedó corta, por ejemplo, en la reforma política.
Sí, el acuerdo con el FMI es bueno, pero a mi entender no es suficiente para asegurar que nuestro país tenga un desarrollo sostenible a largo plazo que garantice por lo menos 5% de crecimiento anual del PIB. Se requiere una transformación mental, cultural de los ecuatorianos – especialmente de su dirigencia- que permita llegar a un acuerdo nacional que determine políticas de estado de largo aliento.