Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Las últimas elecciones nos dejan varias lecciones.
Hay que reformar el artículo 115 de la Constitución y leyes de menor jerarquía. Es incorrecto que se invirtamos USD 141 millones de los recursos pagados por los contribuyentes para financiar las campañas de candidatos. No es socialmente responsable. Debería primar la libertad de decidir individualmente si se aporta recursos económicos para que un postulante haga su campaña electoral.
Debería primar la libertad de decidir individualmente si se aporta recursos económicos para que un postulante haga su campaña electoral.
Con USD 141 millones que provienen del esfuerzo de los contribuyentes y los recursos que genera el monopolio del petróleo, se podría ejecutar bastante inversión social, que hoy no existe por la despilfarra del sector público.
El argumento de los que discrepan con esta posición es que los candidatos quienes no tienen dinero, no podrían participar. La realidad es que una elección se gana por el reconocimiento del candidato por parte de los electores. Para lograr ese objetivo, tienen que trabajar con mayor anticipación.
Si el candidato es conocido y tiene probabilidades de ganar, será apoyado económicamente por quienes así lo decidan, pero es injusto que los demás contribuyentes nos veamos obligados a financiar a los candidatos con cuyas propuestas incluso podríamos estar en desacuerdo.
El esquema vigente de la promoción electoral da paso a trapacerías. Gran cantidad de los candidatos no obtuvieron ni el 1% de la votación (por ejemplo, 23 de 48 candidatos al alcalde de Guayaquil, Quito y Cuenca no alcanzan ni el 1%) y coincidentemente, en algunos casos, tampoco habían pagado impuesto a la renta en los últimos años. Lo que significa que los fondos de promoción electoral se convierten en una tentación para miembros de la función electoral y aspirantes a cargos de elección popular.
Estos fondos de promoción electoral que abonamos los que pagamos impuestos, fomentan el registro de más candidatos sin posibilidades de ganar, haciendo innecesariamente difícil la organización de un debate transmitido por medios de comunicación tradicionales, porque la Ley obliga que se le dé igualdad de espacios a todos los aspirantes.
En otros países del mundo, solamente se invitan a los que tienen un porcentaje significativo de la votación. Aquellos que tienen menos del uno por ciento de la intención de voto según las encuestas, se encuentran en el margen de error del más dos y menos dos por ciento de los sondeos electorales.
Se podría liberar a los productores de debate de esta camisa de fuerza, para que estructuren debates idóneos que permitan a los electores votar con la información necesaria sobre los que tienen posibilidades reales de ganar.
En cuanto a la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hubo un alto porcentaje de votos nulos por dos motivos. El primero, se impulsó una campaña con ese fin y el segundo, era tremendamente complicado elegir correctamente a sus miembros. Una razón más para abolir la existencia de esta institución, que además de costarnos, también se presta para evitar el combate a la corrupción y la delincuencia.
Vamos hacia una mayor libertad. Dejemos de malgastar los recursos públicos. Reformemos mediante una consulta popular todos estos aspectos que debilitan a la democracia y a las escuálidas arcas públicas en beneficio de unos pocos sabidos.