Walter Spurrier
Guayaquil, Ecuador
Un gran avance para la democracia, que no puede pasar desapercibido. Los legisladores de los partidos que disputaron la segunda vuelta presidencial, contendores directos en la próxima contienda electoral, en conjunto con legisladores independientes aglutinados en dos bloques legislativos, llegan a un acuerdo de gobernabilidad.
Eso es rutinario en los países democráticos con sistemas pluripartidistas, en los que difícilmente un partido logra mayoría legislativa. En el Ecuador, sin embargo, es una rareza. Alternamos entre gobiernos débiles con oposición legislativa intransigente a autocracias como la que vivimos hasta 2017.
Este acuerdo legislativo tuvo como motivación la necesidad de renovar la dirección de la Asamblea, en circunstancias que la anterior dirección se conformó cuando el correísmo dominaba AP y tenía mayoría absoluta. Ahora, AP es morenista y acuerda con CREO y los independientes el reparto de las representaciones en el CAL y las presidencias de las comisiones.
Pero de manera más importante acuerdan apoyar un programa de ocho puntos.
El primero, vital para la democracia, es defender a las instituciones del engendro correísta llamado Consejo de Participación Ciudadana. Ya hemos explicado en estas líneas por qué no debe existir esa institución, independientemente de las virtudes cívicas que puedan tener sus titulares. El propio Julio César Trujillo propuso su eliminación.
Un segundo punto, las reformas necesarias para restaurar la plena libertad de prensa.
De manera complementaria, las partes se comprometen a reformas que afiancen la gobernabilidad. CREO, inteligentemente, está pensando en las condiciones bajo las que aspira a gobernar a partir de 2021.
Tres puntos coinciden con los ejes del Plan de Prosperidad del presidente. El acuerdo no implica que CREO y Guillermo Lasso coincidan en todas las medidas que proponga el Gobierno, sino que están de acuerdo en que esos son los temas vitales en los que hay que actuar:
–Reforma laboral. Inicialmente prevista para 2020, el colapso del empleo formal en el primer trimestre del año obliga a adelantarla. La combinación de excesiva rigidez en la contratación y despido con salarios más altos que los de nuestros vecinos desalientan la contratación de empleados y la expansión de negocios en el país. El Ejecutivo está armando su propuesta. Lamentablemente, de lo que ha trascendido será superficial. Se corre el riesgo de que no baste para reactivar el empleo.
–Fortalecer la institucionalidad del manejo económico. Reconstruir instituciones menoscabadas durante la década en que todo estuvo subordinado al capricho del gobernante. El Banco Central y el Ministerio de Finanzas tienen mandatos diferentes, y si bien es necesaria una coordinación entre ambos, no puede el uno subordinarse al otro. Por ejemplo, no debe poder Finanzas tomarse la plata del público depositada en el Central y gastársela sin ánimo de devolverla. Eso debe estar prohibido por ley.
–Solucionar el grave problema del IESS. El Gobierno anterior amplió los beneficios al afiliado e incrementó la población a ser atendida, sin proveer el financiamiento para estos mayores egresos. El resultado: pronto el IESS no podrá atender sus obligaciones. Las acciones por tomarse serán impopulares: mayor edad para jubilarse, incremento de aportes, entre otras. Pero hay que actuar con responsabilidad y afrontarlas.
Bien por CREO, AP y los independientes. (O)
- El texto de Walter Spurrier ha sido publicado originalmente en El Universo.