Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Un amigo fue a la institución de control para saber más sobre una nueva normativa con el fin de poder cumplirla, pero nadie pudo orientarlo al respecto. Por último, le dijeron que debería tener un abogado de planta que lo mantenga informado sobre las resoluciones que esa institución de control emite cada cierto tiempo.
Comentarios como los de ese funcionario, revelan dos cosas: que ni ellos mismos conocen la legislación que promulgan y la visión del servidor público sobre la administración de recursos escasos. Ignoran que la mayoría de las compañías son pequeñas y luchan diariamente para sobrevivir en un país con el promedio de aranceles más elevados de la región, pésima seguridad social, tramitología INENficiente, rigidez laboral e impuestos excesivos para poder mantener a un Estado gigante.
Estos funcionarios piensan que después de todo eso, un emprendimiento es capaz de pagar el sueldo de un abogado, contador y demás asesores de planta que se les ocurra a ellos. Todo ello es adicional a las personas necesarias para que un negocio cumpla con su rol en la sociedad: vender y administrarlo para crecer.
El Estado se niega a derogar impuestos y a bajar aranceles sosteniendo que tienen que cubrir sus gastos. Lo que no se dan cuenta, es que, si ocurriese esto, recaudarían más porque se incrementaría el número de transacciones comerciales y desmotiva el contrabando. Aumentando los impuestos y aranceles dejarían de recaudar.
La tramitología y la rigidez laboral, estimula la informalidad. Mientras más difícil sea poder ser formal, más informalidad se promoverá, perjudicando a los formales y al Estado.
Son puntos que las autoridades electas por votación popular, que prometieron más empleo como base de su campaña, deben esforzarse por mejorar para ofrecer más oportunidades y mejor calidad de vida.