Formas sin contenido: 40 años de instituciones democráticas

Sebastián Raza

Universidad de Cambridge

Los más sutiles observadores de lo político jamás se han conformado con definiciones de la democracia que la reducen a un sistema político-representativo o a un modo de gobierno con características específicas. De Alexis de Tocqueville a Sheldon Wolin, pasando por Hannah Arendt, John Dewey, entre otros, se ha reconocido que un sistema político o modo de gobierno democrático – en sus múltiples iteraciones de división de poderes, reglas, incentivos, libertades consagradas, sistemas de representación, etc. – es inseparable de afectos, actitudes, sentimientos, costumbres y modos de reconocimiento mutuo, que en su conjunto configuran un ethos democrático.

Para ponerlo en una formula kantiana, las formas democráticas de gobierno sin ethos democráticos son insustanciales, defectuosas y azarosas; los ethos democráticos sin sistemas democráticos son amorfos, inconsecuentes e impotentes. 

Dentro de nuestra máquina democrática, recuperada hace ya cuarenta años, no ha habitado el espíritu democrático sino el fantasma de la aristocracia. Las instituciones democráticas no han sido más que espacios en los que las élites y poderes fácticos negocian sus intereses en nombre de las mayorías. Los mecanismos de control y contrapoder, de fiscalización y revisión, han servido para que distintas élites pongan contra las cuerdas a enemigos políticos. El fallido Congreso, y la ahora en declive Asamblea, son transposiciones de los clubes privados, de rencillas y cabildeos entre grupos de interés.

La ilusión de las redes sociales y el mundo digital no ha hecho más que convertir a Twitter en el espacio en que las élites, y sus representantes y mensajeros, se atacan, apoyan y comunican sin ninguna consideración por el bien común. Nuestra esfera pública no es más que un burdo espacio en el que las querellas entre compadres impiden el tratamiento de temas en términos de interés nacional, público y, menos aún, común.

Es momento de afrontar una verdad dolorosa. No importa cuántas reformas o experimentaciones institucionales pongamos en marcha en nuestra ya cuadragenaria maquinaria democrática: es momento de cultivar las virtudes propias de un modo de vida democrático. La igualdad, como modo de reconocimiento mutuo, no como un formalismo insustancial legal, demanda que nos entendamos mutuamente como merecedores de una vida digna y como portadores de intereses y demandas legítimas.

Reconocer el conflicto entre distintas formas de vida y condiciones existenciales no es sembrar odio ni alentar al revanchismo, como vociferan sectores que creen que reclamar derechos equivale a mendigar favores. Es, por el contrario, reconocer la pluralidad inherente a la democracia y la legitimidad de las demandas que distintos grupos sociales elaboran en tanto ciudadanos con derechos y poder sobre la dirección de la vida pública.  Reconocernos como iguales implica afirmar la capacidad de elocuencia y de gobierno de la gente común.

Percibirnos mutuamente con desprecio irónico, como longos, cholos, chiros, o demás; tratar a los que piensan u opinan diferente con desdén como descerebrados ‘adictos al populismo’; o considerar que para gobernar es necesario ser de ‘buena cuna’ son síntomas de quienes no viven a la luz de un ethos democrático. Cuando democraticemos nuestro ethos, dejaremos de pensar a nuestros adversarios electorales o políticos como enemigos a ser eliminados política, judicial o mediáticamente, y los empezaremos a concebir como conciudadanos con demandas y derecho legítimo a tomar parte en instituciones y, en general, en la conducción de la vida pública.

Nuestra carencia de ethos democrático nos conduce a percibir el poder como un trono al que tienen acceso únicamente familias específicas, herederos políticos o grupos de poder económico, que nada más deben participar en concursos de popularidad en donde la fama supera a la honestidad, la prudencia, la pasión, la mesura o la compasión como atributo deseable; mas no como un lugar vacío a ser ocupado por cualquier ciudadano mediante contenciones democráticas y procesos de formación política.

La carencia de las virtudes democráticas se pone en evidencia cuando los quiteños con vicios aristocráticos se levantan y ponen en absurda oposición contra un burgomaestre que, según ellos, no reúne las características o requisitos (étnicos y de clase) para gobernar; mientras que son acólitos de otro burgomaestre que cumplía con aquellos requisitos, pero su ineptitud no podía ser más clara. Estos y otros ejemplos ocurren día a día en el horizonte político ecuatoriano.

En efecto, desde el explícito secuestro de la democracia por parte de las élites en los años 90, que nos condujo a una actitud de rechazo total hacia los partidos políticos a inicios del nuevo milenio, hasta el reciente proceso electoral en el que no existió ninguna representación efectiva sino simple fragmentación de opciones de voto, la historia de la vida democrática en Ecuador ha estado marcada por formas sin contenidos: por ausencia de un espíritu que permita que las instituciones cumplan sus función de mediar conflictos de forma pacífica y promover el bien común mediante la libre experimentación y cooperación inteligente alrededor de problemas comunes.

En este contexto, más que celebrar nuestros 40 años de instituciones democráticas, nos urge buscar métodos para democratizar nuestro ethos, para cultivar virtudes cívicas democráticas y para eliminar los rancios residuos elitistas y pseudoaristocráticos de nuestras formas de vida.

Esto requiere, sin duda, como primer paso, aminorar los mecanismos segregacionistas y elitistas aún en pie en varios niveles de nuestra sociedad (en la educación, en el acceso a ocio y transporte, en la distribución y producción de información, en el acceso a recursos naturales) y promover y expandir los bienes comunes y públicos. Lo demás debe construirse en el camino. Ojalá, en 40 años más, celebremos la consolidación de una eticidad (Sittlichkeit) democrática, de la democracia como forma de vida (Lebensform)y no solo como forma institucional.