Quito, Ecuador
No parece que estemos muy lejos de convertirnos en un régimen “mafioso”, al estilo de la narcocracia mexicana.
Anabel Hernández, en su libro “Los señores del narco”, se pregunta ¿Por qué, pese a la ya larga guerra que el Estado mexicano mantiene contra el narcotráfico, y que tantos miles de muertos ha costado al país, el negocio se mantiene y prospera? Porque hay un pacto de impunidad, responde. Un pacto en el que participan políticos de todas las tiendas, funcionarios de todos los niveles -incluidos militares y policías-, empresarios y banqueros, y los propios narcos.
Este pacto supone, al menos, dos cosas: protección política y lavado de dinero.
Gracias a la protección de las autoridades -presidentes de la república incluidos- y a la inclusión del dinero sucio en la economía formal, por obra de empresarios y banqueros, los narcos son cada vez más fuertes. Tanto, que han convertido a los funcionarios federales, estaduales, municipales, en sus empleados.
En cumplimiento del pacto de impunidad que mantienen con los narcos, los fiscales se abstienen de acusarlos, los jueces no encuentran pruebas para condenarlos, los policías y militares llegan tarde al lugar donde el capo se encontraba, acompañan sus convoyes cargados de drogas y, el colmo de los colmos, actúan como sus guardaespaldas y sicarios. A los narcos a los que ya no ha habido cómo evitarles una estancia en la cárcel, los empleados carcelarios les han dado el control de las prisiones, y la posibilidad de llevar un régimen de vida especial, que, en algunos casos, roza el lujo.
El fiscal está en la nómina, el juez está en la nómina; también los guardias de las cárceles, los jefes de la policía antinarcóticos, los generales de la república, los policías de la esquina.
Todos ellos forman una estructura que cada nuevo gobierno deja intacta. Y que, en la actualidad, constituye la rama oficial del crimen organizado, pues los políticos, de protectores de los criminales, han pasado a ser, ellos mismos, narcotraficantes.
El soborno es la estrategia reina de la penetración criminal en el Estado. Y su monto depende del grado de influencia que tiene el político o el funcionario en la toma de decisiones para facilitar el negocio del narcotráfico en sus distintas fases, y librar a los criminales de la acción de la justicia. Al soborno se suma el financiamiento de las campañas electorales de los políticos afines al negocio.
Que las cosas hayan llegado a este punto significa que las instituciones públicas de México han caído en la bancarrota moral. Y en ella han caído, también, los grandes empresarios, que se asocian con los narcos para hacer negocios y así legalizar el dinero producto del crimen.
La complicidad es generalizada, y la subversión de valores, tan grande, que ha aparecido la figura del narcohéroe, ensalzado por músicos populares en los famosos “narco-corridos”.
Mientras la sangre corre, los narcos y sus amigos hacen una desvergonzada ostentación de sus riquezas. Y la prensa rosa nombra a Francisco Ocaña Pradal –conocido promotor de artistas- el “anfitrión de la década”, por haber organizado una fiesta, con el tema de “Las Mil y Una Noches”, para la que alquiló un camello y un elefante, y en la que estuvieron presentes el capo Héctor Beltrán Leyva y las actrices Chantal y Jacqueline Andere. El productor fue detenido el año 2009, acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud. Es decir, por tráfico de drogas y lavado de dinero.
La capacidad de penetración de los narcotraficantes en las diversas esferas de la sociedad y la falta de acciones dirigidas a tocar sus propiedades y el dinero acumulado son dos de los principales factores de su prosperidad. A pesar de la inmensa cantidad de muertos y de operativos de pantalla, en los que la policía captura a unos cuantos soldados rasos del narcotráfico, el negocio prospera.
Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU en temas relacionados con el crimen organizado, afirma que, en México, “No se está haciendo lo principal: atacar el motivo fundamental por el que existen los grupos criminales organizados, que es el de expandir su patrimonio derivado de actividades ilícitas, para de alguna manera poder dedicarse a una dolce vita. El objetivo de esos grupos criminales es legalizar sus patrimonios, incorporarlos a la economía legal y pagar impuestos…Los medios legales e institucionales que el gobierno federal mexicano ya posee para identificar y decomisar esos patrimonios en la economía legal, no son utilizados, por lo tanto, la delincuencia organizada se sigue expandiendo: la mexicana y la de otros 12 países que operan en México” (Citado por Hernández).
En Ecuador, el número de muertos por “ajuste de cuentas” asociado al narcotráfico sigue creciendo, así como la captura de grandes cargamentos de droga. La participación de policías y militares en las bandas delictivas ya no es una novedad.
Hemos sabido de fiscales que se han abstenido de acusar a miembros del narco y de jueces que los han liberado, incluso en contra de decisiones expresas de la Corte Nacional de Justicia.
Un día sí y otro no, vemos, en las pantallas de nuestros televisores, a los gordos defensores de narcotraficantes y funcionarios acusados de corrupción exhibir su desvergüenza y su amoralidad.
Un presidente de la república, dos vicepresidentes, un contralor, unos cuantos ministros, han sido sentenciados por delitos tales como delincuencia organizada o cohecho. Otros funcionarios despachan desde sus oficinas con un grillete en el brazo o en la pierna. Los funerales de los narcos caídos son, al mismo tiempo, una celebración del crimen y una amenaza velada a los civiles.
Los últimos, los numerosos casos de corrupción en los hospitales públicos, han mostrado que detrás de ellos está el trabajo de redes consolidadas desde hace algunos años, en las que participan funcionarios, empresarios y políticos, y de cuya existencia las autoridades tenían pleno conocimiento, pero contra las cuales, hasta ahora, no se había hecho nada. Y nada ha hecho la Asamblea -cómplice también- para dotar a las autoridades de uno de los instrumentos esenciales en el combate al crimen organizado: la Ley de Extinción de Dominio.
Si no se interviene contra el patrimonio de los criminales y se evita que sus ganancias se introduzcan en la economía formal, las medidas puramente policiales solo conseguirán que la violencia aumente. Ya hemos visto muestras de ello en las guerras entre bandas rivales en las cárceles. De seguir así las cosas, en un tiempo no muy lejano, quizá nos resulte normal ver gente decapitada colgando de los puentes peatonales.