Washington, 28 mar (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye hoy la audiencias públicas de su 144 periodo de sesiones, en las que hoy una coalición que agrupa a más de 700 organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica advirtió al organismo de su posible pérdida de autonomía.
Según la coalición, existe un lenguaje «disfrazado» en las recomendaciones del grupo de trabajo creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para reformar la CIDH.
En una sesión plenaria con los siete comisionados de la CIDH, las organizaciones afirmaron que dichas recomendaciones buscan limitar la autonomía del organismo, que depende de la propia OEA.
Según los activistas, algunas de las recomendaciones que el grupo de trabajo conformado por Estados del continente presentó ante la OEA a finales de enero fueron motivadas por las duras decisiones que la CIDH ha emitido en los últimos años sobre los Gobiernos de países como Venezuela, Ecuador y Brasil.
«Los mismos patrones que han guiado recientes violaciones de derechos humanos en la región son los que han llevado a diversos Gobiernos del continente a buscar la manera de impedir que la comisión realice su labor», dijo Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) de México.
Para Brewer, que habló en nombre de las 700 ONG que conforman la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, dichos Estados «utilizan un lenguaje disfrazado, afirmando que las propuestas que impulsan van referidas a mejorar el funcionamiento del Sistema Interamericano, cuando en realidad quieren limitarlo».
En respuesta, los comisionados se comprometieron a tener en cuenta estas afirmaciones de las ONG en su proceso de evaluación de las recomendaciones, aprobadas en el Consejo Permanente de la OEA del 25 de enero, pero que no tienen un carácter vinculante, por lo que la CIDH debe decidir si las adopta o no.
Las organizaciones expresaron especial preocupación por la recomendación que aboga por equilibrar el presupuesto de la CIDH, ante el temor de que las relatorías más críticas y que cuentan con más dinero, como la de la Libertad de Expresión, reciban menos recursos.
Dicha relatoría ha sido muy crítica con la situación de la prensa en varios países, entre ellos Ecuador, donde condenó abiertamente el proceso iniciado y posteriormente descartado por el Gobierno de Rafael Correa contra el diario El Universo por injurias.
Otra recomendación cuestionada es la que aconseja que la CIDH consulte al Estado en cuestión antes de emitir medidas cautelares, un instrumento al que el organismo recurre en ocasiones para proteger a ciudadanos particulares en situaciones de riesgo.
Según Camilo Mejía, de la Comisión Colombiana de Juristas, el retraso adicional que generaría esa consulta es un intento de «hacer engorroso un trámite que debe ser sencillo». EFE
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