Washington, 19 mar (EFE).- El Consejo Permanente de la OEA debatió hoy sin llegar a un consenso un proyecto de resolución para la cita de cancilleres sobre la reforma de la CIDH, debido principalmente a diferencias sobre la financiación de la Comisión y sus relatorías.
En una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos (OEA), los embajadores debatieron una propuesta de proyecto para que debatan los cancilleres en la Asamblea General extraordinaria del viernes, con el fin de cerrar un largo proceso encaminado a reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Finalmente, el presidente del Consejo, el nicaragüense Denis Moncada, decidió «elevar» el proyecto a la Asamblea para que sean los cancilleres quienes decidan la resolución, pese a la insistencia de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil o Perú en dejar listo hoy un proyecto claro.
La propuesta debatida, a la que tuvo acceso Efe, se elaboró en un grupo de trabajo presidido por el representante mexicano, Joel Hernández, con apoyo del jefe de gabinete de la OEA, Hugo de Zela.
El documento «toma nota» de la propuesta elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su propia reforma, y plantea la aspiración de lograr que todos los Estados ratifiquen la Convención Americana de Derechos Humanos, algo que no han hecho Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe.
Además, se compromete a «lograr el pleno financiamiento del SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos) a través del presupuesto regular de la OEA», como solicita desde hace años la Comisión, financiada en su mayoría por donaciones externas.
También incluye una respuesta a las críticas de algunos Estados a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la que más fondos recibe de las siete de la Comisión y que al contrario de las demás cuenta con una relatora asignada en exclusiva, Catalina Botero, en lugar de depender de uno de los comisionados.
Al respecto, pide que la CIDH «fortalezca todas sus relatorías, inclusive mediante la consideración de otorgar el carácter de especiales a las relatorías temáticas existentes».
Esa propuesta otorgaría al resto de relatorías el mismo rango que la de Libertad de Expresión, aunque tal y como advierte el proyecto debe producirse «sobre la base de un financiamiento adecuado», es decir, siempre que los Estados miembros aumenten sus aportaciones.
Varios embajadores presentes en la reunión de hoy aseguraron que sus Gobiernos aún están evaluando esa última propuesta, mientras que Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se mostraron en desacuerdo con el lenguaje del párrafo que aboga por la plena financiación de la Comisión por parte del presupuesto de la OEA.
Ese punto matiza que, «mientras se alcanza un compromiso», se «invita a los estados miembros, a los estados observadores y a otras instituciones a que continúen realizando contribuciones voluntarias (…), y preferentemente sin fines específicos».
Ecuador, que considera que Estados Unidos financia la Relatoría de Libertad de Expresión con fines políticos, pidió eliminar la palabra «preferentemente» del proyecto y advirtió que de lo contrario estaría «absolutamente incapacitado» para aprobarlo, algo a lo que se sumaron Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Estados Unidos, mediante su representante Carmen Lomellín, insistió en cambio en «mantener la palabra ‘preferentemente’ en el texto tal y como está», al igual que Canadá.
Por otra parte, representantes de países caribeños como Barbados y Dominica mostraron su preocupación por la posibilidad de que la «plena financiación» se haga en detrimento de otras áreas de la OEA, mientras que Grenada pidió aclarar la versión del texto en inglés.
Finalmente, Moncada consideró «claro que no hay el consenso deseable» entre los embajadores, por lo que resolvió que «no queda más que elevarlo a la Asamblea General y pedir a los países que lo deseen que hagan llegar a Secretaría el texto de su reserva para elevarlo también a la Asamblea».
Pese a todo, el embajador mexicano se mostró optimista tras el encuentro, cuando señaló a los periodistas que «se ha avanzado muchísimo» hacia un consenso y que el documento que debatirán los cancilleres «contiene un buen, buen paquete de acuerdos».
Por su parte, la CIDH presentó hoy el proyecto final para su propia reforma, que apenas varía respecto al borrador que presentó en febrero, en el que proponía cambios en lo referente a las medidas cautelares y ampliaba el Capítulo IV de su informe anual, conocido como la «lista negra» del continente en derechos humanos. EFE