En una entrevista con Diario El Universo, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), analizó las implicaciones que encuentra en la Ley de Comunicación, considerando que ‘La amenaza de sanciones es un fuerte disuasivo a la libre expresión’.
¿Qué aspectos son los que más le preocupan?
En repetidas ocasiones se habla de sanciones penales contra medios y periodistas, cuando eso contradice los estándares internacionales. Es también muy serio que se hable del requisito de que la información debe ser verificada y contextualizada, porque abre la puerta a la censura previa, prohibida por el derecho internacional.
¿A qué escenarios se enfrenta el país?
El riesgo principal que veo es que esta ley otorga a las autoridades de fiscalización poderes amplísimos para regular contenidos, lo cual abre la puerta para la censura previa. A su vez, la amenaza de sanciones de todo tipo, incluso penales, es un fuerte disuasivo a la libre expresión y lleva inevitablemente a la autocensura.
¿Qué alternativas tiene el periodismo independiente y la sociedad civil?
Deberían continuar denunciando lo que ocurre en el país para que no pase desapercibido (…). A pesar de los persistentes intentos del gobierno y sus aliados en la región por socavar estas instituciones (Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión), ello no ocurrió. Eso nos permite seguir contando con espacios internacionales para denunciar lo que ocurre en Ecuador, y la sociedad civil y los medios deberían seguir utilizándolos para darle visibilidad internacional a sus problemas.
¿Qué positivo ve en la Ley?
Por ejemplo, regula la concentración de los medios, establece normas para fomentar los medios comunitarios e incluye parámetros para limitar los contenidos que puedan afectar a los menores de edad o que inciten a la violencia. El gran desafío con estas normas es cómo se aplican y para eso habrá que ver qué hacen los órganos de fiscalización.