Acacho sentenciado por delito penado con 12 a 16 años de cárcel

La Corte de Justicia de Morona Santiago declaró culpable al dirigente indígena y asambleísta de Pachakuik, Pepe Acacho, de sabotaje y terrorismo organizado. Junto con él ha sido sentenciado el también dirigente indígena Pedro Mashiant. Ahora ambos deben esperar la notificación de penas de prisión entre 12 y 16 años.

Otros cinco líderes indígenas de la nacionalidad shuar fueron absueltos, informó Fundamedios, una organización privada que monitorea la libertad de expresión en Ecuador.

Los hechos por los que se condena a los dos dirigentes se suscitaron el 30 de septiembre de 2009, durante la protesta indígena en contra de la Ley de Aguas impulsada por el gobierno del Presidente Rafael Correa. Durante la represión de la protesta murió uno de los manifestantes, el profesor Bosco Wisuma, muerte que el régimen ha atribuido a los indígenas.

Acacho, que era el director de la radio shuar La voz de Arutam, fue acusado de instigador de los hechos y culpable de la muerte.

En declaraciones a la AP, Acacho dijo que «hemos sido sentenciados por delitos de sabotaje y terrorismo, estuve presente cuando pronunciaron el fallo. No voy a huir, no voy a esconderme, yo voy a ir a la cárcel con la frente en alto, porque soy inocente de estas acusaciones mentirosas».

«Esta sentencia no tiene otro nombre que venganza política del gobierno, porque en lo jurídico se demostró hasta la saciedad que no hubo delito», señaló el asambleísta, que afronta la posibilidad real de ir a prisión, porque los delitos por los que fue acusado se cometieron antes de su elección como legislador y no lo cubre la inmunidad parlamentaria, que posee hace cinco meses cuando tomó posesión de su nuevo cargo.

Añadió que «el gobierno no me soporta porque le derroté largo (mayoritariamente) en las últimas elecciones en mi provincia, y porque me he identificado claramente con la posición de los sectores sociales e indígenas de no permitir la explotación minera y petrolera en mi provincia, por eso soy una piedra en el zapato para el gobierno y las transnacionales (mineras y petroleras)».

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